La Asamblea Nacional de Venezuela, bajo control del régimen de Nicolás Maduro, presentó ayer martes una propuesta para instar al Ejecutivo a considerar la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con España.
Esta medida es la respuesta a la recepción española al opositor Edmundo González Urrutia, actualmente exiliado en nuestro país, aunque considera que se le ha reconocido como "presidente legítimo de Venezuela", cuando no se ha hecho oficialmente.
El texto presentado por la Asamblea solicita "al Ejecutivo nacional evaluar, en un corto plazo, la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con el Reino de España, como respuesta recíproca a la grosera e injerencista proposición" del Congreso español, que consideran contraria a "la constitucionalidad venezolana".
El proyecto de acuerdo de la Asamblea Nacional venezolana rechaza la decisión del Congreso español, calificándola de "nefasta resolución promovida por la derecha fascista del Congreso" de España. Asimismo, hace un llamamiento a los parlamentarios españoles para que "respeten la decisión del pueblo venezolano", que, según el texto, eligió "soberanamente" a Nicolás Maduro como presidente reelecto en las elecciones del 28 de julio.
En su proyecto, la Asamblea Nacional venezolana acusa al Congreso de España de llevar a cabo una "acción que pretende desconocer la institucionalidad democrática" de Venezuela y de ignorar "la voluntad soberana del pueblo". También señala que, en los últimos años, "la ultraderecha española ha dado refugio a criminales, fascistas y terroristas confesos", que, en colaboración con sectores de la oposición venezolana, "han impulsado intentos fallidos de golpe de Estado y provocado estallidos de violencia con el fin de generar desestabilización política y social" en el país sudamericano.
Postura muy crítica
El documento subraya que Venezuela no aceptará "bajo ninguna circunstancia que ningún gobierno extranjero o institución internacional imponga condiciones o interfiera en nuestros asuntos internos".
El proyecto reitera su condena a la decisión del Congreso español como una "acción que busca deslegitimar las instituciones democráticas" de Venezuela y desconoce la "voluntad soberana de todo un pueblo".
El Gobierno venezolano ha criticado en múltiples ocasiones la política de refugio que, aseguran, España ha mantenido hacia personas acusadas en Venezuela de diversos delitos. Según el texto, algunos de estos refugiados estarían involucrados en intentos de golpe de Estado y otras acciones desestabilizadoras contra el gobierno de Maduro.
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