La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó este martes la realización de redadas migratorias en espacios considerados "protegidos", como hospitales, iglesias y escuelas.
Según confirmó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), se ha revocado una directriz de la Administración Biden que limitaba estas operaciones en dichos lugares o en sus cercanías.
Un portavoz del DHS justificó la decisión afirmando que esta medida busca "empoderar" a los agentes de inmigración para "cumplir con las leyes" y detener a los denominados "criminales extranjeros".
Además, aseguró que "hay criminales que se esconden en las escuelas y las iglesias" para evitar ser arrestados, aunque no ofreció ejemplos concretos que respalden estas afirmaciones.
Fin a las restricciones establecidas por Biden
La directriz anulada, que databa de 2021, prohibía realizar arrestos o redadas en sitios sensibles sin el permiso expreso de un superior. Entre estos "lugares protegidos" se encontraban centros educativos, instalaciones sanitarias, templos religiosos, albergues para víctimas de violencia doméstica, funerales, manifestaciones y centros de ayuda en casos de desastres naturales.
El objetivo principal de esa medida era garantizar que los extranjeros no se sintieran intimidadas al acudir a servicios esenciales, como educación, salud o asistencia humanitaria. Según el memorando de 2021, los agentes podían cumplir su labor "sin negar o limitar el acceso de los individuos a la comida, el albergue o la fe".
La decisión de revocar esta política se produce tan solo un día después de que Trump asumiera nuevamente el cargo, cumpliendo con su promesa de campaña de llevar a cabo una de las mayores campañas de deportaciones en la historia del país.
Expulsión inmediata
Junto a esta medida, el presidente Trump reactivó la política de "expulsión inmediata" en todo su alcance. Esta norma, que había sido eliminada por la Administración Biden, permite la deportación de inmigrantes en situación irregular sin que medie un proceso judicial.
La expulsión inmediata, instaurada originalmente en 1996, fue aplicada de manera ampliada durante el primer mandato de Trump, entre 2017 y 2021. En aquella etapa, se ejecutaba a nivel nacional contra aquellos migrantes que llevaban menos de dos años en el país de forma irregular. Esta política ahora se implementará nuevamente bajo los mismos parámetros.
Antes de la ampliación hecha por Trump, desde el gobierno de George W. Bush, la norma se aplicaba únicamente a migrantes que habían ingresado a Estados Unidos en los últimos 14 días y que se encontraban en un radio de 161 kilómetros de la frontera.
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