El Gobierno italiano recibió un nuevo revés judicial cuando el Tribunal de Apelación de Roma rechazó el traslado de 43 inmigrantes a centros construidos por Italia en Albania.
Esta decisión marcó la tercera ocasión en que la Justicia italiana impidió la aplicación de la estrategia promovida por la primera ministra, Giorgia Meloni, para frenar la inmigración irregular. Los inmigrantes, 35 de Bangladesh y 8 de Egipto, habían sido interceptados en el Mediterráneo y trasladados a territorio albanés el pasado martes.
Sus solicitudes de asilo fueron denegadas en Albania el jueves, pero el fallo judicial ordenó su regreso a Italia, tal como ocurrió en las 2 ocasiones anteriores.
Este último contratiempo judicial evidenció las dificultades del plan de Meloni para externalizar el proceso de recepción y evaluación de solicitudes de asilo en Albania. Desde que la justicia vetó los intentos de deportación, los centros de detención en el país balcánico han permanecido vacíos, siendo únicamente vigilados y gestionados por un personal cada vez más reducido.
Más varapalos para Meloni
En medio de este escenario, Meloni ha encarado otra polémica al informar que estaba siendo investigada por malversación de fondos y complicidad criminal junto a varios de sus ministros.
La Fiscalía italiana la vinculó con la liberación de Osama al Masri, jefe de la policía judicial libia y actualmente buscado por la Corte Penal Internacional (CPI).
Meloni atribuyó esta investigación a un intento de la justicia por desbaratar sus planes de deportación de inmigrantes a Albania. "No me dejaré chantajear; no me dejaré intimidar. Esta puede ser la razón por la que soy antipática para aquellos que no quieren que Italia cambie y mejore", declaró la primera ministra en un vídeo como respuesta a la noticia.
Durante su internamiento en Albania, los inmigrantes fueron sometidos, según el Ministerio de Interior italiano, a "procedimientos de recepción, detención y evaluación de casos individuales", en virtud del acuerdo alcanzado con el primer ministro albanés, Edi Rama.
Sin embargo, la justicia italiana ha bloqueado reiteradamente estos procedimientos, cuestionando la legalidad y los derechos fundamentales de los afectados.
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