El Tribunal de Trapani (Sicilia) ha decidido retirar todos los cargos contra los 4 tripulantes del barco humanitario alemán Iuventa y otros 17 cooperantes de Médicos Sin Fronteras (MSF) y Save the Children que estaban acusados de favorecer la inmigración ilegal al llevar a cabo operaciones de rescate de personas migrantes en el mar Mediterráneo entre 2016 y 2017.
La investigación, que estaba abierta desde hace más de 7 años, ha sido cerrada por el juez en un anuncio en el que insistía en la ausencia de pruebas. El pasado día 28 de febrero, la Fiscalía pidió que se acabara la investigación al corroborar que no había forma de probar los cargos.
Los 21 miembros estaban acusados de favorecer la inmigración ilegal por el supuesto de haber mantenido contactos con traficantes libios en los rescates realizados entre 2016 y 2017, con penas de hasta 20 años de cárcel y 15.000 euros de multa por persona rescatada.
"Estas acusaciones han intentado empañar durante años la labor de los equipos humanitarios de búsqueda y salvamento", ha manifestado Christos Christou, presidente internacional de MSF en un comunicado. Christou ha remarcado que el único objetivo de la investigación era "alejar a los buques [de rescate] del mar [Mediterráneo] y contrarrestar sus esfuerzos para salvar vidas y dar testimonio".
Por su parte, Iuventa ha señalado en su página web que, "después de 5 años de investigación y dos de juicio preliminar, tanto la Fiscalía como el juez admiten que las acusaciones eran infundadas", lo que "confirma que se trata de una persecución política por parte de las autoridades italianas".
El Ministerio de Interior italiano, que estaba como acusación civil y había solicitado una indemnización por los supuestos costes de las operaciones llevadas a cabo por las ONG durante sus rescates humanitarios, ha indicado que aceptará la decisión.
Acusaciones infundadas
Durante la investigación, que comenzó en 2016, se llevaron a cabo contra las ONG filtraciones y escuchas ilegales por parte de miembros de seguridad que estaban en las embarcaciones y que trabajaban de forma encubierta para las autoridades y el Gobierno italianos. Uno de ellos, un ex policía llamado Pietro Gallo, aseguró más tarde, en 2019, que "nunca vio a las ONG trabajando con traficantes".
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