El candidato opositor venezolano, Edmundo González Urrutia, quien se encuentra asilado en España, ha publicado recientemente un vídeo en la red social X, donde asegura que fue obligado a firmar un documento que reconocía la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales.
Según afirma en el mensaje, dicho documento fue suscrito bajo presión y amenazas del Gobierno venezolano. La opción era "atenerse a las consecuencias", por lo que escogió firmar y poder marcharse a España. Ese documento lo firmó en la Embajada de España en Venezuela, donde estaba refugiado.
González Urrutia confesó que antes de abandonar Venezuela, fue presionado por representantes del Gobierno chavista para que firmara un escrito en el que aceptaba el triunfo de Maduro. La amenaza era clara: si no accedía, tendría que "atenerse a las consecuencias". Para el opositor, esa coacción hace que el documento carezca de validez. "Un documento producido bajo coacción está viciado de nulidad absoluta por un viso grave en el consentimiento", sentenció.
El mensaje en video se difundió como respuesta a la reciente revelación de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, quien mostró una "carta firmada" en la que el opositor se comprometía a respetar la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, que validó la discutida victoria de Maduro en los comicios del pasado 28 de julio.
En su explicación, González Urrutia relató que se encontraba en la residencia del embajador español en Caracas cuando recibió la solicitud de firmar el documento a cambio de un salvoconducto que le permitiría salir del país. Según el opositor, vivió "horas de intensa coacción, chantajes y presiones", que fueron ejercidas tanto por Jorge Rodríguez como por Delcy Rodríguez, la vicepresidenta venezolana.
"O firmaba o..."
El opositor describió la situación con estas palabras: "O firmaba o me atenía a las consecuencias (...). En ese momento, pensé que sería más útil estando libre que encarcelado e imposibilitado de cumplir con las tareas que me encargó el soberano". De esta manera, justificó su decisión bajo las circunstancias extremas que enfrentaba.
González Urrutia también denunció que el régimen de Maduro sigue utilizando "estrategias sucias", basadas en "el chantaje y la manipulación", y aseguró a sus seguidores que nunca les traicionará ni se mantendrá en silencio. Además, desafió al Gobierno venezolano al exigir que se publiquen las actas del escrutinio electoral: "Lo que deberían estar mostrando son las actas de escrutinio, la verdad es lo que es y está en las actas que ustedes pretenden ocultar. No van a silenciar a un país que ya habló", declaró tajante.
El régimen contraataca
Por su parte, Jorge Rodríguez ha dado a González Urrutia un ultimátum de 24 horas para retractarse de sus declaraciones sobre la coacción que sufrió. En una rueda de prensa, el presidente de la Asamblea Nacional amenazó con revelar detalles de las conversaciones mantenidas con el opositor si no desmentía su acusación. "Si usted insiste en que esto es una coacción, voy a mostrar los entretelones de las conversaciones", advirtió Rodríguez mientras exhibía una carta firmada en la que, supuestamente, el opositor aceptaba voluntariamente la sentencia del Tribunal Supremo.
Rodríguez también dejó claro que, de no producirse la rectificación por parte de González Urrutia en el plazo estipulado, se publicarán pruebas de las conversaciones que ambos sostuvieron. "Si en las próximas 24 horas usted no desmiente esa infausta acusación, voy a mostrar las pruebas de las conversaciones que usted y yo sostuvimos cara a cara", repitió Rodríguez, presentando además fotografías que mostraban su encuentro con el opositor en la Embajada de España en Caracas, antes de que este partiera hacia Madrid.
El presidente de la Asamblea añadió que las pruebas incluyen audios que, hasta ese momento, había decidido mantener en reserva, al considerar que podría surgir una negación de los hechos por parte del opositor. También señaló que en la carta firmada por González Urrutia se estableció su compromiso de no representar a los poderes públicos de Venezuela en el exterior.
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