El derecho al olvido es un derecho legal

Las alarmas de la mayor parte de la sociedad española se activaron el pasado mes de marzo cuando Patricia Ramírez, madre del pequeño Gabriel, “el pescaíto”, asesinado en 2018, apareció en los medios haciendo un ruego: que las productoras de televisión no “traficaran” con la historia de su hijo para hacer documentales y series de ficción.

Entre lágrimas, Ramírez no hacía más que reclamar algunos derechos que están recogidos en nuestro aparato legal: el Derecho al olvido, la Ley del Menor o el Derecho a la intimidad, explican desde el bufete especializado Vilches Abogados.

Interrogados concretamente sobre las dudas de acogerse al Derecho al Olvido, los responsables de este despacho explican que la normativa no sería aplicable en este caso: el Derecho al olvido se utiliza para impedir la difusión de información a través de Internet, en concreto en buscadores como Google, pero su aplicación en otro tipo de escenarios como en la elaboración de un documental informativo no está tan clara.

Así lo manifestó Manuel Hernández, director de Vilches Abogados, durante su intervención en el programa La Roca, de La Sexta: “En un caso de dominio público o histórico, es difícil que Google accediera a borrar la información”.

En el caso de Gabriel, la petición de los padres es comprensible, pero la forma de manejarlo resulta compleja. De hecho, pese a la movilización social que hay al respecto, es muy posible que el documental, que parece estar grabándose con la colaboración de Ana Julia Quezada, asesina confesa del menor, acabe en las plataformas en los próximos años.

Distintas herramientas legales que podrían ponerse de lado de los padres

Mediar entre la libertad de prensa y de creación y el derecho al honor y al olvido de las personas es algo muy complejo.

Afortunadamente, cada vez existen más abogados que optan por especializarse en estas regulaciones y trabajan día a día en los juzgados para lograr que casos como el de Ramírez, donde se trata de la memoria de personas menores que han sufrido un caso de extrema violencia, tengan una protección especial.

Sin embargo, la situación por la que está pasando la familia del niño asesinado no es fácil: “La jurisprudencia nacional y europea priman el derecho de la expresión artística y de información sobre el derecho a la intimidad”, explica Hernández, “siempre que esto no suponga una ofensa excesiva o dolosa o se incite a la violencia”.

En este caso concreto, otra variable se pone sobre la mesa: el hecho de que Gabriel era menor. ¿Existen protecciones especiales en estos escenarios?

La respuesta es sí, aunque con matices: “La ley del menor protege los casos de violencia en la infancia y en la adolescencia”, detalló el representante de Vilchez Abogados, para quien “aquí el límite es que es un menor y los derechos de la madre y el padre”.

Esta ley, que es muy novedosa, será la que marque la diferencia en este caso. Aunque no hay jurisprudencia, se espera que los medios colaboren con la justicia para que imágenes o narraciones violentas relacionadas con menores no lleguen a aparecer en estos casos.

Este es, en opinión de Manuel Hernández, el centro del debate y la mejor herramienta que Patricia Ramírez tiene actualmente para tratar de evitar que el caso de su hijo llegue a convertirse en una serie documental o de ficción en los próximos años.