El Senado de Brasil aprobaba ayer someter a la presidenta del país a un juicio político, una decisión histórica en un país sumido en su peor recesión en décadas y golpeado por un escándalo de corrupción al que ahora deberá enfrentarse su sucesor, el vicepresidente Michel Temer. La votación 55 a favor y 22 en contra termina así con más de 13 años de gobierno del Partido de los Trabajadores. Asesores del presidente interino ya han afirmado que el gobierno entrante anunciará una serie de medidas de austeridad para ayudar a reducir el gigantesco déficit presupuestario, equivalente a más del 10% del PIB. Pero hay más retos económicos. Dilma Rousseff heredó en 2010 un crecimiento del PIB del 7,5%. En 2015 la caída del PIB fue del 3,8%. En este mismo período, la inversión ha pasado de registrar un crecimiento anual del 17,9% a una caída del 14,1%; la tasa anual de inflación ha pasado del 5,9% al 10,7%; el tipo promedio de interés de referencia Selic ha subido del 9,78% al 13,27%, y la tasa de paro ha aumentado del 5,3% al 6,9%. En un comunicado, Moody's señalaba ayer que es probable que la prolongada tensión política complique la puesta en marcha de reformas. "Brasil se enfrenta aún a retos crediticios significativos, incluida la necesidad de revertir la actual contracción económica y lograr una consolidación fiscal destacable", indicó la agencia calificadora. La creciente probabilidad de que Michel Temer -un político de centro considerado más cercano a los empresarios- se convirtiera en presidente, ya había impulsado al índice Bovespa un 22% y al real un 12% frente al dólar, en lo que va del año. Importantes gestores de fondos globales, como BlackRock, incrementaron su exposición a Brasil incluso antes de que la presidenta fuera suspendida de su cargo, aunque en general continúan mostrando preocupación sobre las perspectivas de recuperación de la mayor economía latinoamericana.
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