El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba ayer lunes en la 'Cadena SER' que el Ejecutivo aprobará esta semana medidas para abordar uno de los principales problemas de la sociedad: el precio de la vivienda.
Esta emisora ha adelantado algunos detalles del plan del Gobierno, que pretende restringir los alquileres temporales, gestionados a menudo a través de plataformas populares como Airbnb, que han esquivado restricciones impuestas a los apartamentos turísticos.
Las novedades afectan principalmente a los propietarios, quienes deberán justificar la razón para alquilar temporalmente sus pisos.
Los ministerios de Vivienda y Asuntos Sociales presentarán una propuesta a sindicatos, inquilinos y la patronal, con el objetivo de evitar que los alquileres de Airbnb se disfracen ahora como contratos de uno, dos o tres meses.
Será necesario justificar la causalidad de estos contratos, por ejemplo, mostrando el contrato de investigación si se alquila a un investigador, o justificando la duración del curso escolar si se alquila a estudiantes.
Más novedades
Otra modificación contempla el registro en una plataforma del Ministerio de Vivienda, de manera que solo puedan operar en el mercado de alquiler temporal aquellas viviendas que justifiquen su licencia o capacidad para alquilar.
Actualmente, muchas de estas viviendas no cumplen con normativas municipales. Esta medida busca regular el mercado forzando al registro en plataformas digitales utilizando el reglamento europeo.
El objetivo es evitar que los alquileres de Airbnb de fines de semana se conviertan en alquileres temporales de semanas o meses.
Alquiler turístico
Además, habrá cambios legales en el alquiler turístico. En relación con el fenómeno Airbnb y el alquiler vacacional, la principal modificación será reformar la ley de propiedad horizontal para regular estos alquileres como actividad económica.
En la práctica, esto significa que las comunidades de vecinos tendrán que autorizar explícitamente la operación de Airbnb en su edificio. La aprobación de los vecinos será imprescindible, y en caso contrario, los inquilinos podrán demandar a quienes recurran a esta fórmula en los tribunales de justicia.
En el ámbito político, el Gobierno, que debe buscar ahora mayorías parlamentarias para sacar adelante estas medidas, intenta sortear a los alcaldes que dan luz verde indiscriminadamente a Airbnb, dejando la decisión en manos de los vecinos.
En el ámbito jurídico, el Ministerio está utilizando todos los márgenes legales disponibles para intervenir en un mercado que sigue al alza y que el año pasado, por ejemplo, en Madrid, registró aumentos de precios del 15% en el alquiler.
Mientras tanto, Barcelona ha puesto fecha de fin a los alquileres de pisos turísticos: 2028-2029.
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