Los flancos débiles de las instituciones europeas han quedado de nuevo puestos en evidencia. Ayer, toda la atención estaba puesta en el fallo del Tribunal Constitucional de Alemania sobre un caso presentado por un grupo de académicos que sostiene que las compras de bonos del BCE constituyen una financiación directa para los Estados, lo que incumpliría el Tratado de la UE. El programa de compras de deuda del BCE, denominado PSPP, ha supuesto acumular 3 billones de euros en bonos desde 2015 y para este año está prevista la compra de otro billón de euros en deuda. Según el fallo del máximo tribunal alemán el programa de compras es “parcialmente inconstitucional” y ha dado tres meses al BCE para que pruebe que esas compras son necesarias, a pesar de sus "efectos negativos", entre ellos poner en peligro el dinero de los contribuyentes y hacer que los Estados dependan cada vez más de la financiación del banco central. El ministro de Finanzas alemán matizó que en estos tres meses el Bundesbank puede continuar participando en el programa de compras.
El fallo alemán se produce después de que el Tribunal de Justicia Europeo autorizara el programa, argumentando que no constituye financiación ilegal y considerando que las medidas del BCE son proporcionales. Por ello, tras conocerse el fallo, la Comisión Europea no tardó en responder que el derecho y los tribunales de la UE tiene primacía sobre la constitución alemana y sobre el Tribunal Constitucional alemán. También el BCE publicaba una nota señalando que está comprometido con su mandato. En la situación actual no parece dificil que el BCE justifique la necesidad del programa de compras. Las compras de bonos continuarán, pero de nuevo una institución europea, el BCE, ha encontrado un bache en el camino.
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