El Tribunal Superior británico dictaminó ayer que el Gobierno requiere de la aprobación parlamentaria antes de iniciar los trámites formales para que el Reino Unido se separe de la Unión Europea. Por una mayoría de ocho contra tres, el máximo órgano judicial británico resolvió que el Gobierno no tiene poderes ejecutivos para invocar el Artículo 50 del Tratado de Lisboa e iniciar de ese modo las negociaciones con la UE para su desvinculación. El presidente del Tribunal Superior dijo que “El referéndum es de gran significado político, pero la Ley del Parlamento que lo estableció no dice qué debería ocurrir como resultado" (…), "Por tanto, cualquier cambio en la ley para dar efecto al referéndum debe hacerse sólo de la manera permitida por la Constitución británica, por una Ley del Parlamento". La primera ministra declaró que pretende activar el Artículo 50 antes de final de marzo, pero ahora tendrá que buscar el consentimiento previo de los legisladores, lo que podría retrasar sus planes, aunque el principal partido de la oposición, el Partido Laborista, ha dicho que no buscará bloquear el “brexit”. Algunos de los que respaldaron la campaña por la permanencia en la UE esperan que los legisladores fuercen al Gobierno a buscar un acuerdo que priorice el acceso al mercado común europeo de 500 millones de personas, o que potencialmente incluso puedan bloquear el proceso en su conjunto.
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