En Italia, ayer el primer Ministro presentó en la Cámara de los Diputados el plan de recuperación por valor de 222.100 millones de euros y pidió “que la responsabilidad por el futuro prevalezca sobre los intereses, la corrupción y la estupidez”. El plan se financiará con 191.500 millones que Italia recibirá del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia, y 30.600 millones a cargo de recursos propios de una desviación presupuestaria de 40.000 millones aprobada recientemente y que el Gobierno quiere usar para respaldar de forma inmediata a empresas y familias.
El plan se articula en seis pilares: digitalización, innovación, competitividad y cultura; revolución verde y transición ecológica; infraestructuras para una movilidad sostenible; educación e investigación; inclusión y cohesión; y salud. Italia lleva posponiendo dos décadas las grandes reformas que le pide Europa, pero esta vez, la condición básica para recibir los fondos pasa por el diseño de una restructuración de, al menos, cuatro grandes áreas, entre ellas la Justicia, una reforma fiscal, un cambio integral de la Administración pública y la implantación total de la libre competencia en determinados sectores donde todavía operan monopolios públicos que han derivado en servicios decadentes y deficitarios.
Si se cumplen los objetivos, Italia crecerá 3,6 puntos por encima del PIB previsto para 2026 y creará empleo para paliar la crisis del covid. La llegada de Draghi al cargo de primer Ministro está suponiendo que Italia afronte reformas necesarias que quizás de otra manera hubiese sido difícil.
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