El Gobierno ha cerrado un acuerdo con ERC, EH Bildu y BNG para extender el gravamen especial a las empresas energéticas antes de finalizar el año, mediante un decreto ley que deberá ser convalidado en el Congreso.
Sin embargo, la propuesta enfrenta el rechazo de formaciones como el PNV y Junts, quienes se oponen a la aplicación de este impuesto en su formato actual.
Además, otros como Podemos también se opone, pero porque lo quería fijar por ley, y no que se aplique como una medida temporal.
Las negociaciones
La reunión clave entre el Ejecutivo y los partidos mencionados se celebró recientemente, aunque contó con ausencias notables, como las de Podemos, Junts y PNV, que decidieron no participar.
El Ministerio de Hacienda planteó como alternativa tramitar posteriormente el gravamen como un proyecto de ley, con el fin de convertirlo en un impuesto. Esto responde a la imposibilidad de establecer tributos mediante decretos, según las normas legales vigentes.
La estrategia diseñada por Hacienda incluye ajustar los plazos para que el gravamen entre en vigor después de la votación en el Congreso. Si el decreto se aprueba, el impuesto se aplicaría con carácter retroactivo a partir del 1 de enero. En cambio, si la mayoría parlamentaria liderada por PP, Vox, PNV y Junts bloquea el decreto, este no llegaría a materializarse.
Un comunicado conjunto de ERC, EH Bildu y BNG resalta que este es el único camino viable para garantizar la entrada en vigor del gravamen a comienzos de 2025, cuando expira el régimen actual.
Según explican, se busca cumplir con el acuerdo alcanzado el 18 de noviembre para asegurar que "las energéticas sigan pagando lo que les corresponde".
Los díscolos
El Ejecutivo, además, aspira a sumar apoyos adicionales, como el de Podemos, que exige que el gravamen sea permanente en lugar de temporal.
También espera convencer al PNV, su socio político en el País Vasco, que ha manifestado su rechazo al formato actual por ser una prestación de carácter no tributario, ya que las haciendas forales no pueden recaudarlo.
Sin embargo, los nacionalistas vascos estarían dispuestos a respaldar la creación de un tributo que sí puedan gestionar Euskadi y Navarra.
Con el fin de facilitar un consenso más amplio, ERC, Bildu y BNG han señalado que el texto incluirá bonificaciones para proyectos relacionados con energías renovables, una propuesta surgida de otros grupos políticos. Esta muestra de apertura busca reforzar la posibilidad de un "acuerdo amplio y equilibrado" que permita la aprobación del decreto.
Desde Hacienda, según asegura RTVE, las posturas entre los diferentes partidos permanecen enfrentadas. La ausencia de Podemos, PNV y Junts en la reciente reunión subraya las dificultades para lograr un consenso.
Podemos justificó su decisión de no asistir al encuentro señalando la falta de participación del PNV y Junts.
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