El ministerio de Economía, dirigido por Carlos Cuerpo, ha convocado el próximo miércoles a las comunidades autónomas para una conferencia sectorial donde expondrá una nueva propuesta novedosa: crear una nueva comunidad virtual para unificar criterios y agilizar tramitaciones de licencias.
El organismo busca así una nueva vía para facilitar la obtención de permisos y que se pueda operar en toda España con una especie de licencias únicas que estén siempre consensuadas con las comunidades autónomas. Y quiere empezar a trabajar en su desarrollo mano a mano con los gobiernos autonómicos.
Para ello los ha convocado a una conferencia sectorial en la que quiere comenzar a identificar áreas en las que se pueda avanzar en este sentido.
La fórmula para desarrollar esta idea es bastante imaginativa: El informe Letta sobre el mercado único europeo propone la creación de un Estado 28 ficticio en la UE.
Y esta propuesta se recoge también en el programa político de la presidenta de la Comisión Europea Úrsula Von der Leyen para su nuevo mandato.
Se trata de una suerte de espacio jurídico en el que se puedan conseguir por la vía rápida licencias y permisos para operar sin problemas en todos los países de la Unión Europea.
Una homogeneización básica de requisitos que quitaría carga burocrática y que permitiría a las empresas operar en distintos Estados con una sola licencia.
El Gobierno de Pedro Sánchez quiere adoptar esta misma idea para usarla dentro del Estado español, caracterizado por una estructura muy descentralizada en la que muchas de estas competencias regulatorias residen en manos de las comunidades o los ayuntamientos.
Por eso, el Ministerio de Economía pretende crear, de forma virtual, un distrito o régimen 18 en el que se puedan obtener permisos o licencias que valgan para todas las comunidades.
Esta iniciativa debe abordarse con un respeto absoluto a las competencias de las comunidades, subrayan fuentes del ministerio.
Rajoy ya lo intentó con el pasaporte único
De hecho, el Gobierno de Mariano Rajoy ya creó una especie de pasaporte único por el cual si una comunidad daba una licencia, esta valía para las demás.
Pero este principio de legislación de origen y reconocimiento mutuo, que es básico para el funcionamiento de la UE, no se podía aplicar entre comunidades autónomas en España: los tribunales lo tumbaron porque atentaba contra las competencias autonómicas. Y recomendaban en su lugar armonizar la regulación.
La Comisión Europea ha reprochado muchas veces a España los problemas que sufre de unidad de mercado. Y las empresas siempre se han quejado de la fragmentación de los mercados entre autonomías y de tener que hacer frente a 17 normativas distintas.
Un ejemplo que se solía poner era que un ascensor que se produzca en Zaragoza se pudiera vender en Sevilla sin tener que hacer frente a más burocracia. O que haga falta lograr permisos de apertura para cada comunidad.
Un sector que ha criticado a menudo estas barreras es el de la distribución y las grandes superficies.
Recientemente, la Comunidad de Madrid ha aprobado que las licencias de otras autonomías sean válidas en su territorio. Es la llamada Ley de Mercado Abierto.
Ahora Economía pretende impulsar esta línea de trabajo mediante el diálogo: quiere poner de acuerdo a las comunidades para ir encontrando áreas donde poner en práctica ese distrito 18. Y que una serie de requisitos básicos sean aceptados y sirvan para operar en todas las comunidades.
También se quiere aplicar el distrito 18 a las licencias que conceden los ayuntamientos. La Federación Española de Municipios y Provincias ya participa regularmente en esta conferencia sectorial de regulación.
Es más, un ejemplo que brinda Economía es el de los puntos de recarga de los coches eléctricos. Esta es una competencia de los ayuntamientos y sería muy importante lograr unos requisitos comunes que faciliten su instalación, sobre todo ahora que es una de las infraestructuras que se tienen que desarrollar a toda prisa para cumplir con los objetivos de inversiones de los fondos europeos.
Bajo la ley de unidad de mercado, que aprobó el PP y que se vació en los tribunales, se llegaron a revisar hasta 500 casos que habían sido enviados a Competencia.
La casuística era muy variada:
- Tanatorios que no permitían que funerarias de otros municipios acudieran a ellos;
- Exigencias de licencia urbanística para colocar sólo una antena;
- Prohibición a autoescuelas de impartir clases teóricas online;
- Diferencias existentes entre regiones para conceder estrellas a los hoteles, o que no se aceptaran análisis clínicos de otras autonomías.
En general, un ámbito en el que se incidía mucho eran las barreras al comercio o las exigencias al etiquetado.
Pero el varapalo en la justicia hizo que esta vía se paralizase. La vicepresidenta primera Nadia Calviño ya intentó en su momento cambiar la estrategia, convirtiendo la conferencia sectorial entre comunidades en un foro en el que se fomentasen las mejores prácticas, se identificasen barreras y se diesen más facilidades para hacer negocios. El distrito 18 brinda ahora una nueva oportunidad: España se encuentra en el puesto 30 del mundo a la hora de dar facilidades para hacer negocios, según el informe Doing Business que elabora el Banco Mundial.
¿En qué consiste exactamente la propuesta de Economía?
Será un espacio virtual y jurídico a través del cual se puede agilizar la solicitud de una licencia o un permiso que compete a las comunidades autónomas. Además, uno de los objetivos de este proyecto es que esa concesión sea válida para todo el territorio nacional.
¿Cómo afecta a las empresas?
Los empresarios y autónomos podrían beneficiarse de este sistema. Muchas empresas notan el efecto de tener 17 normas diferentes para ejercer su actividad.
Por ejemplo, en el sector de la construcción, cada ayuntamiento concede su propia licencia y tienen diferentes criterios.
Óscar Montoro Hernández (arquitecto) asegura que hay territorios donde hay condicionantes ambientales que son mucho más exigentes que en otros.
Jorge Bustamante (abogado) nos habla del sistema judicial electrónico, y confirma que en cada comunidad autónoma es diferente y considera que es necesaria una red digital donde puedas realizar los trámites judiciales en cualquier territorio de nuestro país, de esta manera se agilizaría la justicia y habría un gran ahorro de tiempo en los procedimientos.
¿Cómo afecta a los particulares?
Las personas físicas también sacarán provecho de esta plataforma.
Un ejemplo muy común son las licencias recreativas de pesca o caza. En cada territorio las concesiones de estas autorizaciones son diferentes, pero con el nuevo sistema, además de agilizarse el proceso podría lograrse una misma licencia válida para todo el territorio nacional.
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