El Ministerio de Consumo, Derechos Sociales y Agenda 2030, a través de la Dirección General de Consumo, ha iniciado una investigación a nivel nacional sobre las prácticas irregulares de diversas inmobiliarias.
Se investiga si están incurriendo en abusos hacia los inquilinos, tales como cobrar comisiones ilegales por la gestión de arrendamientos o forzar la firma de contratos temporales sin que exista una justificación adecuada para la temporalidad.
Estas actuaciones, según ha comunicado el propio Ministerio a RTVE, están en contradicción con la Ley 12/2023 de Derecho a la Vivienda, que prohíbe estas prácticas, además de considerarse abusivas bajo la Ley General para la Defensa de los Consumidores. El departamento liderado por Pablo Bustinduy ha subrayado que este tipo de prácticas podrían tipificarse como infracciones graves, lo que implicaría sanciones de hasta 100.000 euros, o muy graves, con multas que podrían ascender hasta el millón de euros.
Varias irregularidades
La Dirección General de Consumo ha iniciado esta investigación tras recibir varias denuncias relacionadas con estas irregularidades, lo que ha generado la intervención inmediata para analizar el alcance de estas prácticas. Entre las quejas recibidas, destacan los cobros injustificados de comisiones por parte de agencias inmobiliarias, lo que ha despertado la alarma entre los consumidores y los organismos encargados de velar por sus derechos.
El Ministerio ha recordado que la vivienda es un derecho fundamental y un bien de primera necesidad, regulado por la Ley de Arrendamientos Urbanos. Esta normativa prohíbe expresamente que las agencias inmobiliarias o arrendadores introduzcan cláusulas o condiciones que menoscaben los derechos de los inquilinos. En este sentido, cualquier actuación que contravenga estas disposiciones sería considerada una vulneración del marco legal vigente.
Consumidores y usuarios
Estas prácticas denunciadas podrían además constituir infracciones recogidas en el artículo 47 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que establece sanciones por el incumplimiento de las normas de precios o la imposición de condiciones no solicitadas. También sanciona el uso de prácticas comerciales desleales o la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos de alquiler.
El Ministerio ha reiterado su compromiso con la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, subrayando que se actuará con firmeza frente a cualquier irregularidad que se detecte en el sector inmobiliario. La investigación se centrará en garantizar que las inmobiliarias respeten las leyes y que no se cometan abusos que perjudiquen a los arrendatarios, quienes en muchos casos se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.
El objetivo de esta investigación es poner freno a este tipo de prácticas, velar por el cumplimiento de la legalidad y proteger a los consumidores, reforzando así el marco normativo que regula el acceso y el disfrute de la vivienda en España.
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