La Comisión Europea ha decidido llevar a España, Chipre, Polonia y Portugal ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber garantizado un nivel mínimo de impuestos del 15% a empresas multinacionales y nacionales de gran tamaño.
A pesar de la fama labrada por el gobierno de coalición y progresista desde que está en el poder en 2018, no se han subido de manera efectiva estos impuestos a las grandes compañías, que siguen gozando de tipos bajos.
Todos los Estados miembros de la UE estaban obligados a poner en vigor las disposiciones legales necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva sobre el Pilar 2 a más tardar el 31 de diciembre de 2023, y a comunicar inmediatamente a la Comisión Europea el texto de dichas disposiciones. Tales disposiciones debían aplicarse con respecto a los ejercicios fiscales a partir del 31 de diciembre de 2023.
Hasta la fecha, casi todos los Estados miembros de la UE han cumplido estas obligaciones; sin embargo, España, Chipre, Polonia y Portugal aún no han notificado las medidas nacionales de transposición.
Bruselas reconoce que las autoridades están realizando esfuerzos para finalizar su legislación nacional, como es el caso de España, pero, hasta la fecha, estos Estados miembros no han notificado las medidas de transposición y, por lo tanto, se acude al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por falta de transposición de las disposiciones pertinentes de la UE.
Contexto de esta tasa
La transposición de la Directiva resulta fundamental para la aplicación efectiva en la Unión del Pilar 2, el componente de imposición mínima de la reforma de la fiscalidad internacional del G-20 y la OCDE.
El Pilar 2 limitará la competición a la baja en cuanto a los tipos del impuesto sobre sociedades. Las ganancias de los grandes grupos o empresas multinacionales y nacionales cuyo volumen de negocios anual agregado sea de al menos 750 millones de euros estarán sujetas a un tipo impositivo efectivo que no podrá ser inferior al 15%.
La Comisión Europea considera prioritaria la aplicación de las normas del Pilar 2, ya que contribuirá a reducir el riesgo de erosión de la base imponible y el traslado de beneficios y garantizará que los grupos multinacionales de mayor tamaño paguen el impuesto sobre sociedades al tipo mínimo global acordado.
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