El TJUE ha respondido a una cuestión prejudicial de un juez de Santander al que da la potestad de examinar cualquier cláusula de la hipoteca que crea abusiva -no sólo aquellas que hayan sido recurridas- incluso con posterioridad a la ejecución hipotecaria como sucedía en el caso examinado.
De esta manera, tal y como detalla ‘El Periódico’ que ha tenido acceso a la sentencia, el tribunal europeo responde al litigio de Jesús Gutiérrez con el Banco Primus que, tras el impago de 7 de las 564 cuotas a amortizar, la entidad reclamó el pago de la totalidad del préstamo -más los intereses y gastos- así con la venta del bien hipotecado, que al no concurrir ningún postor quedó en manos del banco.
Procedimiento habitual en el sistema hipotecario español. Llegados a este punto, el banco “ejecuta judicialmente la hipoteca y abre el proceso que te condena al desahucio y a una deuda de por vida”, denuncian desde la PAH.
Sin embargo, el caso llegó a los tribunales y ahora el TJUE ha establecido que los jueces pueden declarar la nulidad de cualquier cláusula si constatan un abuso, pese a la normativa nacional que lo prohíbe.
Además, establece los criterios para discernir si se está ante una cláusula abusiva como el desequilibrio importante entre derechos y obligaciones del propietario y la entidad en detrimento del consumidor; la falta de transparencia en la redacción del modo de cálculo de los intereses y si hay suficientes elementos "graves" que justifiquen el vencimiento anticipado del préstamo atendiendo a la duración o cuantía del préstamo, entre otros factores.
“Con esta nueva sentencia anunciamos que vamos a exigir y a reclamar la declaración de nulidad de todas las ejecuciones hipotecarias y los desahucios que se han producido desde 1995, y lo hacemos con la razón que nos da el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No sólo vamos a exigir la declaración de nulidad, sino la restitución de derechos y la reparación de los daños producido a más de 700.000 familias desde 2008 y a todas aquellas que han sufrido las consecuencias desde 1995 de la ilegal ley hipotecaria española”, anuncian desde la PAH.
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