El Gobierno ya conoce la realidad que enfrentará en Cataluña en los próximos tiempos para aplicar las medidas propuestas tras aplicar el artículo 155 de la Constitución. Por eso ha incluido entre las medidas, según 'La Vanguardia', a título de advertencia, la potestad de la Administración central de abrir expedientes disciplinarios a los empleados públicos, con una referencia especial a los Mossos d'Esquadra.
El Ejecutivo sabe que la colaboración del cuerpo en lo que define como la normalización de Cataluña es primordial. En la misma línea, 'El País' asegura en su portada que el Gobierno cesará a los altos cargos que no acaten la legalidad. No obstante, añade el diario, la intención del Ejecutivo es que los más de 150 altos cargos del Govern y las decenas de responsables de las empresas públicas sigan en sus puestos para que lleven la gestión ordinaria de la Administración autonómica.
'La Razón' asegura, por su parte, que el Gobierno nombrará a un mando único para dirigir la comisión técnica que gestionará la aplicación del artículo 155 en Cataluña. El perfil del responsable, dice el diario, puede ser el de un ministro. Así, el propio presidente, Mariano Rajoy, y la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, se quedarían en un plano más político. 'La Razón' también asegura que el Gobierno relevará de inmediato al mayor Trapero, responsable de los Mossos, y nombrará a otro policía, del mismo Cuerpo y acreditada profesionalidad.
Una de las tareas prioritarias del Ejecutivo, dice en este caso el diario 'ABC', será el desmantelamiento de la administración paralela que han creado los independentistas en los últimos años en Cataluña. Se trata de desmontar todo un entramado administrativo dirigido exclusivamente a crear estructuras de Estado, promocionar el secesionismo y desafiar al Estado de derecho. Como ejemplo más palmario, el consejero de Exteriores, Raül Romeva, dispone de 30 personas de confianza dedicadas a internacionalizar la causa independentista.
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