La 'Cadena SER' ha podido acceder al sumario de la causa abierta contra el ex presidente de la RFEF, Luis Rubiales, en República Dominicana, donde la Fiscalía contra el blanqueo y la financiación del terrorismo sigue teniendo abiertas diligencias desde el pasado mes de marzo a petición de las autoridades españolas.
En concreto se está investigando si una parte de los fondos que creó el contrato para celebrar la Supercopa en Arabia entre la RFEF y la empresa saudí SELA entró en República Dominicana y quiere esclarecer cuál es el "auténtico rol" de Gerard Piqué y de sus empresas en ese contrato. Un acuerdo por 10 años que se cerró por 4 millones de euros por cada edición disputada para las empresas vinculadas al ex del Barça y 40 millones para la Federación.
Acorde a la documentación que tiene en propiedad la SER, las autoridades dominicanas están investigando 10 cuentas repartidas en 5 bancos de las que son titulares los presuntos cabecillas de este caso de corrupción: Luis Rubiales y su socio Nené y los que la investigación coloca como testaferros: Israel Dorado y la mujer de Nené, además de la empresa Conecta 17 Consulting. El objetivo es conseguir todos los movimientos que se hayan registrado en esas cuentas desde el año 2018 que es el momento en el que se firmó el acuerdo a 3 entre la Federación Española de Fútbol, Arabia Saudí y Kosmos, sociedad vinculada a Piqué.
Esta información que han pasado al juzgado de Majadahonda las autoridades judiciales de República Dominicana supone un balón de oxígeno para la investigación, después de que hace unas semanas tuviera un duro revés. Tal y como anunció la Cadena SER, la dirección de la IGAE del Ministerio de Economía había rechazado la posibilidad de emitir informe sobre el contrato de la Supercopa porque tenía la función de auditar las actividades del sector público y este es un acuerdo solo entre entidades privadas.
La juez había anulado esa petición, pero remitió otra idéntica a la unidad de la IGAE que depende de la Fiscalía Anticorrupción. Los investigados han presentado escritos en el juzgado en los que se recuerda que la función que tienen encomendada los funcionarios de la IGAE que dependen de Economía y los que dependen de la Fiscalía es la misma y entre ellos no está la de investigar acuerdos entre entidades privadas.
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