El tribunal del 11-M ordenó en la tarde este lunes a las Fuerzas de Seguridad interrogar a un testigo protegido amigo de José Ignacio Fernández, conocido como "Nayo", que se encuentra en busca y captura en relación con la denominada Operación Pipol, para que facilite datos sobre el paradero del huido y determinar si habría cometido un delito de encubrimiento, en aplicación del artículo 451.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Al término de la declaración del testigo, el presidente del Tribunal, Javier Gómez Bermúdez, le advirtió de que la Sala podría deducir testimonio en su contra y transmitir al Juzgado de Instrucción encargado de la causa en la que "Nayo" consta como huido los datos sobre si ha cometido un delito de encubrimiento.
El testigo afirmó ante el tribunal que localizar a "Nayo" resultaría "sencillo" y llegó a decir que, incluso, podría ponerse en contacto telefónico con él "ahora mismo" si quisiera. Dijo también que el confidente huido podría encontrarse en Sudamérica, probablemente en República Dominicana. Y añadió que en la fecha en que se llevó a cabo la investigación, por la que fue encarcelado, Antonio Toro (2001), el cuñado de José Emilio Suárez Trashorras, este último disponía de 100 kilos de explosivos.
También indicó el testigo que "Nayo" le dio "garantías" de que él no había tenido nada que ver con el tráfico de dinamita y le dijo que "si hablaba" de lo que sabía sobre Trashorras y Toro, sus declaraciones iban a resultar "muy fuerte". Destacó, además, que la relación entre su amigo y Trashorras se quebró a raíz de la denuncia del ex minero, que negoció con la Policía para lograr la puesta en libertad de Toro en la 'Operación Pipol'.
Contactos con las Fuerzas de Seguridad
En el interrogatorio, el testigo dijo también que "Nayo" se encuentra en conversaciones con distintos representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entre los que citó a un responsable de la Guardia Civil al que identificó como Marful (capitán de la Guardia Civil), y un "funcionario de la Policía Nacional" que, a preguntas del letrado Endika Zulueta, nombró como "el señor Santaella", que pertenece a la Unidad de Terrorismo Islámico. "Nayo quería que se resolviera el problema de la Pipol a cambio de aportar suficientes datos para que esa compensación pudiera existir", justificó.
Aseguró que las negociaciones entre "Nayo" y las fuerzas de seguridad llevaron hasta tal punto que incluso la mujer e hija de Fernández fueron trasladas a España en un avión desde República Dominica y viajaron acompañadas de agentes de la Guardia Civil. El confidente le comentó también que había entregado dinamita a un Guardia Civil "para que éste se la entregara a ETA" y que había llevado a cabo un robo de un vehículo por encargo de esta banda terrorista.