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Ante la ridícula petición de la fiscalía venezolana, en el sentido de que se mandara a Caracas "la computadora" (¿?) de Raúl Reyes (el narcoguerrillero que murió en la frontera con Ecuador) para revisarla aquí y abrir un expediente, el Gobierno colombiano respondió seriamente con otra petición, pero no a Venezuela sino a la Interpol, como es lo correcto y lo válido en términos legales y policiales. Las autoridades de Bogotá solicitaron a este organismo policial internacional el envío de aquellos técnicos que considere más adecuados para descifrar esa mina de datos que son los cuatro computadores portátiles que cargaba el angelito.

La Interpol no va a entrar en el jueguito de Uribe o de Chávez, o de la CIA y el G-2 cubano, sino que presentará un informe técnico muy detallado, que revelará al mundo todas las respuestas a las grandes incógnitas que existen sobre el grado de complicidad de Ecuador y Venezuela con las FARC y el tráfico de drogas, los secuestros y el contrabando de armas, alimentos y combustible en las fronteras de los dos países. Es muy posible que en ese informe, libre de politiquería y trapisondas partidistas, aparezcan pruebas rotundas e indicios bien fundamentados que serán difíciles de rebatir desde Caracas o Quito.

En realidad, lo que tiene intrigado al pueblo venezolano sobre el problema con Colombia es que no sabemos hasta dónde está enredado el Gobierno de Venezuela con las guerrillas colombianas. Para desconcierto de la opinión pública, cada día se sabe algún detalle o surge una prueba que alimenta las sospechas de una complicidad clandestina del alto Gobierno con las FARC, es decir, con quienes han sido denunciados ante la Interpol como secuestradores, extorsionadores y protectores del narcotráfico. Cerca de 331 miembros de este grupo guerrillero figuran en la famosa lista roja de la organización policial internacional y son buscados activamente en todo el mundo.

En verdad no hemos elegido a un presidente de la República para que se sienta apoyado en sus tratos con gente vinculada a la narcoguerrilla internacional. Eso no le interesa al país, sino todo lo contrario: nuestra sociedad está cada vez más alarmada ante el papel que juega la droga llegada desde Colombia (cultivada y procesada en las zonas guerrilleras), con el auge de la violencia, la inseguridad y los asesinatos en Caracas y las grandes ciudades del interior. Hoy descubrimos con dolor que esos traficantes mantienen vara alta en la vida política bolivariana.

Ya nos había alarmado que cuando agarraron en Caracas al señor Granda (otro canciller de las FARC) éste estuviera dando declaraciones en un café de la zona de La Candelaria. Granda residía los fines de semana en una urbanización de La Victoria, en Aragua, exclusiva de la boliburguesía militar, en medio del canto de los pájaros y la neblina temprana, cerquita del diputado Ameliach. Lo más grave es que quienes detuvieron a Granda hoy están presos en la prisión de Ramo Verde, por órdenes del Presidente.