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Más allá de los aspectos legales suficientemente discutidos por connotados juristas del país sobre la ponencia del magistrado del TSJ, Pedro Rondón Haaz, respecto de las inhabilitaciones políticas decretadas por el contralor Russian, debe considerarse el fondo del asunto, sobre todo, después de la "aclaratoria" de la presidenta del Máximo Tribunal de la República. No es cuestión de discrepancias sobre semblantes judiciales entre dos funcionarios de tanta importancia sino de la gravedad de un modelo de Estado tutelado por una persona a quien poco le importa la contradicción entre ética y ardid, sobre todo, en un escenario social tan turbulento como el actual.

El jefe se ha esmerado en seleccionar, lográndolo en parte, a grupos despojados de todo principio republicano para engrosar la lista de lisonjeros dispuestos a doblegarse ante sus dicciones y desvaríos. De allí que "importantes juristas" oficialistas se expresen torcidamente sobre el asunto siempre que les resguarden sus privilegios y cuotas de poder. Poco les importa la ejemplaridad, frugalidad, trabajo e independencia. Los observamos vendiendo dogmas impuestos que circunstancialmente alaban para reprimir la duda punzante que pesa sobre sus conciencias porque, en el fondo, no se sienten limpios. La referencia perversa que hacen del individualismo, representado por el Presidente, no les permite asimilar plenamente la idea de vivir en colectividad tal como lo habían soñado los próceres que tanto enaltecen, a los reformadores, y hasta los visionarios utópicos.
El Gobierno persiste en hablar de bienestar en atención a los altos ingresos petroleros a sabiendas que la prodigalidad del uso que el Presidente le da atenta contra una equitativa distribución y la quietud institucional. La tesis de que los conflictos en Venezuela disminuyen en proporción a los ingresos debe retirarse por inservible. Por el contrario las contradicciones en los últimos diez años se han agudizado. Así pues el sueño revolucionario, liderado por un utópico, y secundado por un cardumen de hipócritas, tendrá un terrible despertar que ya ha comenzado. ¿Quién puede tragarse el argumento de que las inhabilitaciones son acciones inherentes a las funciones de Estado? ¿O que el regateo es un mecanismo eficaz para controlar la inflación?

El Gobierno gasta grandes sumas de dinero en publicidad y propaganda tratando de imponer una sociedad regida por el conformismo. "Poco importa que no haya que comer, que sus hijos estén desnudos y sin techo, tampoco importa la vida, lo que importa es la revolución". ¡Por sus palabras los conoceréis! Luego de diez años de engaños la esperanza se disipa y adquiere matices preocupantes. El pueblo no es tarugo y entiende la pretensión oficialista de imponer su dominio por vías pseudoestatales y no democráticas. La reacción de la presidenta del TSJ así lo evidencia. Las secuelas de las inhabilitaciones será la prueba de fuego para la oposición y sus efectos quedarán plasmados en las elecciones de noviembre próximo.

Miguel Bahachille
miguelbm@telcel.net.ve