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Hugo Chávez aplicó un Plan B para rematar su proyecto neototalitario. En nueve años, a diferencia de lo que suele decirse, el mandatario ha demostrado paciencia y un certero manejo del tiempo. Ahora considera que ha llegado el momento del zarpazo final contra el resto de democracia que aún quedaba.

Después de ser reelecto en diciembre del año 2006, Chávez juzgó llegada la hora de relanzar con fuerza su delirante socialismo del siglo XXI. Reivindicó la victoria como un visto bueno de los electores a su fórmula ideológica; obligó a los militares al juramento "Patria, socialismo o muerte"; anunció el partido único de la revolución; el modelo de economía socialista y el cierre de RCTV. Sin demora, en agosto presentó una reforma constitucional que en esencia era una nueva constitución hecha de su puño y letra.

Por esos mismos días recibió de la Asamblea Nacional poderes habilitantes por 18 meses.

Si la reforma era aprobada en un referéndum, seguramente perdería interés en la conveniencia de la Ley Habilitante. Si, por el contrario, era rechazada, como efectivamente ocurrió el 2 de diciembre del 2006, tenía a la mano la posibilidad de pasar por otras vías los contenidos de la propuesta derrotada.

Durante estos meses ha tanteado con leyes y decretos de manera puntual.

El currículo escolar bolivariano y la ley de inteligencia y contrainteligencia fueron enfrentados exitosamente por la sociedad democrática venezolana. Estaba claro entonces que resultaría traumático el empeño de aplicar al detal un conjunto de leyes que reprodujeran la iniciativa vapuleada en la votación del año pasado. Ahora se imponía la lógica del golpista: el silencio, el sigilo, los secretos de la nocturnidad y el asalto. El 31 de julio, horas antes de vencer el plazo que le fuera concedido, Chávez consumó un golpe de Estado al promulgar y ordenar su publicación en la Gaceta Oficial de 26 decretos-leyes que resucitan y ponen en vigencia la reforma que provocó en su momento la airada y victoriosa protesta de la ciudadanía.

Un golpe incruento, silencioso, sin militares, sin muertes. Un golpe de papel. Como lo recordaba el politólogo Ricardo Sucre, una acción que tiene un antecedente en el siglo XX: el 2 de diciembre de 1952, cuando se desconoció la voluntad popular expresada en las urnas dos días antes y comenzó en firme la dictadura de Pérez Jiménez.

Manuel felipe Sierra
manuelfsierra@yahoo.es