El Derecho de Rebelión

Platón comparaba en su diálogo 'El Político' el arte de la política con el arte de tejer. En efecto, algo de eso hay. Al igual que en el caso del tejedor, arguye Platón, el cometido del político es crear un tejido homogéneo, unir con lazos humanos las discordancias en la sinfonía de las diversas vidas que componen la sociedad a fin de gobernar los asuntos públicos, la Res Pública, de manera buena y justa. Idealmente la política sería, por tanto, un medio de servir a las personas y de materializar su interés general.

Sin embargo, en la ecuación del político destaca de forma especial la palabra 'responsabilidad'. En tanto que gestores públicos, los políticos son responsables ante la ciudadanía que los ha elegido. En la responsabilidad del político se basa, en modo último, el pacto social que fundamenta la democracia liberal representativa. La responsabilidad de los gobernantes se inscribe, de hecho, en los mismos anales del liberalismo político, con los 'Tratados sobre el Gobierno Civil' de John Locke como mascarón de proa.

De forma natural, junto a esta idea de responsabilidad, Locke enuncia un corolario lógico, a saber, el derecho de rebelión, esto es, el derecho a deponer a un gobierno cuando este haya dejado de gestionar los asuntos públicos de acuerdo con el interés de los ciudadanos.

En esencia, este derecho de rebelión, pese a su osadía semántica,  no es más que una mera exigencia de responsabilidades. Por ahí van, precisamente, las manifestaciones frente al Congreso de los pasados días, que han escogido ese punto geográfico por su valor simbólico y el posible impacto mediático.
Razonable. El derecho de manifestación pacífica está recogido en el artículo 21 de la Constitución Española, que le impone, en principio, como único límite, el respeto al orden público. En este sentido, las imágenes demuestran que las manifestaciones se desarrollaron, de forma general, de modo firme, pero no violento. Con todo, el recurso a la fuerza de un grupo minoritario al final de la concentración debe ser condenado, pero no expresa el sentir general de la convocatoria ni de la inmensa mayoría de los que allí estaban, o de los muchos más que pese a no estar se sentían representados y simpatizaban con los propósitos de la manifestación.

Las crecientes muestras de descontento en las calles evidencian una distancia cada vez mayor entre las instituciones políticas, Gobierno y partidos a la cabeza, y un gran sector de la sociedad civil que no se siente representado. Esta no es sino otra de las tragedias de la crisis, a saber, la percepción, sobre todo entre los jóvenes, de que la clase política sirve únicamente a intereses particulares - se nombra a los mercados -, y de que ha dejado de representar los intereses de todos y de responder ante los ciudadanos.

No les falta razón. Desde hace tiempo, en España existe una poco sana preponderancia de los partidos políticos, especialmente de los dos mayoritarios, en tanto que resortes del poder. La Ley Orgánica de Régimen Electoral General, de 1985, consagra un modelo de sistema electoral que no sólo favorece, como es notorio, a los grandes partidos nacionales y a los partidos nacionalistas, debido a su concentración geográfica, sino que además abona el terreno para una dominancia oligárquica de las ejecutivas de los partidos políticos, ante los que en último término son responsables los políticos, quedando su responsabilidad ante los electores relegada y, por tanto, la relación de confianza con estos, irremediablemente viciada. Una traición al partido, que no al ciudadano, supone no figurar en la siguiente lista cerrada y bloqueada al Congreso. Esto se aplica también a nivel autonómico y local. Ya se sabe, quien se mueve no sale en la foto.

En un momento en que la reforma de la Constitución y las instituciones están en boca de muchos, quizá sería oportuno plantearse un cambio, muchas veces demandado, en nuestro sistema electoral, y en particular en el sistema de listas, que supone uno de los talones de Aquiles más visibles de nuestra democracia. Fórmulas existen, por ejemplo desbloqueando las listas a la manera del Senado, o explorando otros sistemas electorales comparados. Es un cambio que requiere análisis y esfuerzo, claro, pero sobre todo voluntad política y responsabilidad. Una responsabilidad que, de ejercerse correctamente, puede desactivar el legítimo derecho de rebelión.