Proceso contra el Franquismo...en vísperas de otro 20-N

Se nos echa encima otros proceso judicial...contra el franquismo. La juez argentina María Romilda Servini de Cubría ha ordenado la 'detención preventiva' de una veintena de acusados por su relación con "los crímenes cometidos durante la dictadura franquista". Entre ellos se encuentran el suegro de Ruiz-Gallardón y ex ministro de Franco, José Utrera Molina, o el ex ministro del Interior con la UCD Rodolfo Martín Villa. Están, además casi todos los ex ministros del franquismo que siguen vivos, acusados por la implacable juez de distintos asuntos relacionados con la etapa franquista. La verdad es que, estamos como estamos los españoles, inmersos en tan graves cuestiones actuales, la denuncia de Servini llega de manera un poco extemporánea, impertinente y casi hasta un poco, si se nos permite, absurda. Así lo ha estimado, por ejemplo, el veterano fiscal del Supremo Eduardo Fungairiño, quien ha tildado de "torticero" y "prevaricador" el procedimiento de la juez argentina. Recuerda Fungairiño que hubo una amnistía en 1977, que los presuntos delitos están prescritos hace tiempo y que la doctrina jurídica esgrimida desde Buenos Aires no es aplicable con carácter retroactivo. La magistrada 'estrella', que ya se ocupó en el pasado de otros casos -los niños desaparecidos-del franquismo, quiere protagonizar un proceso al período dictatorial que sería más propio de historiadores que de juzgadores. Máxime cuando España ha sido un espejo de reconciliación, de perdón y de olvidos, que parecían tan difíciles incluso cuarenta años después de terminada la guerra civil, cuando nos iniciamos en la transición a la democracia. Una reconciliación, un perdón y un olvido en el que, por cierto, uno de los acusados por Servini, Rodolfo Martín Villa, tuvo precisamente una gran participación: es largo el historial de servicios al Estado de Martín Villa como para incluirle así, sin más, en una lista de las características -todo cabe en la mezcolanza del procedimiento de extradición elaborado por Servini-- de la elaborada por la magistrada argentina, empeñada desde hace tiempo en una 'persecución' histórica de cosas que ocurrieron hace medio siglo. Aunque lo cierto es que, en el caso de Martín Villa, lo que la juez le imputa son las consecuencias de la huelga de Vitoria del 3 de marzo de 1976, una fecha posterior a la muerte del dictador, sucesos en los que murieron cinco trabajadores a causa de la acción policial. Se trata de un pasaje controvertido, en el que el principal responsable político debió ser el ausente Manuel Fraga y del que se encargó, básicamente, Adolfo Suárez. No puede despacharse el asunto así, sin más, con una pincelada tan gruesa como lo hace la magistrada. Por supuesto, ni vamos a justificar las atrocidades que ocurrieron durante el franquismo ni el carácter dictatorial de quien fuera llamado, porque así lo impuso él, 'el Generalísimo'. Nada tiene que ver nuestra condena a aquellos cuarenta años de pesadilla, finalizados en 1975, con las pretensiones de la veterana juez de Buenos Aires.  Los españoles tenemos nuestras propias cuentas pendientes con la Historia. Y acaso seamos culpables de haber olvidado esa 'memoria histórica', tan reivindicada por el Gobierno anterior. Pero los 'macroprocesos' como el iniciado por Servini carecen ya del menor sentido: ni ella va a imponer una verdad histórica ni, menos aún, va a lograr que sus acciones tengan más consecuencias que reabrir algunas heridas en los recuerdos de la ciudadanía. Y, claro, obtener algunos titulares, ahora que se acerca un nuevo aniversario, el próximo día 20, de la muerte del dictador: Franco murió hace treinta y nueve años. La mayor parte de la población española no conoció aquella época asfixiante en la que las libertades y los derechos humanos eran bienes puestos en cuestión por el Régimen. Pero han pasado casi cuarenta años. ¿De verdad no hay cosas más sustanciosas que afrontar?