Cataluña sufre una pulsión extrema hacia el independentismo, fruto de la
crisis y de un desgraciado proceso de renovación de su Estatuto de Autonomía.
CiU ha manipulado los sentimientos derivados de la una y de lo otro y se ha
montado en un tigre para hacer una travesía tan peligrosa, como su cabalgadura.
Paralelamente, los vientos anti autonómicos empujan en la dirección
antagónica. Esta especie de latiguillo populista que culpa a las Comunidades
Autónomas de todos nuestros males y de la crisis misma, se ha convertido en un
extremismo tan perturbador como el nacionalismo, para los problemas de nuestro
modelo territorial. Ubicados en este escenario extremo y en parte, apasionado,
los que hemos construido el modelo autonómico y nos sentimos orgullosos de lo
conseguido, no podemos por menos que mostrarnos preocupados.
¿Qué hacer? Por cierto, ¿cuál es la política del gobierno en materia
autonómica? ¿Hay alguien ahí? A veces ningunean el problema. A veces echan
gasolina al fuego y siempre miran al dedo en vez de a la luna.
La única política posible es la revisión rigurosa y profunda del modelo.
Porque hay parte de razón en las demandas de Cataluña y no son desdeñables
algunas críticas al funcionamiento del modelo autonómico, treinta años después
de su puesta en marcha. Efectivamente, en Cataluña hay -entre otras muchas
cosas- problemas de financiación y hay disgusto sobre el autogobierno, todo
ello sobre la base de un nacionalismo reivindicativo, histórico, cultural y
político. Y paralelamente, en el modelo autonómico hay problemas de
duplicidades e ineficacia en el funcionamiento administrativo, hay excesos de
gastos, hay necesidad de mayor cooperación intercomunitaria en la unidad de
mercado español, hay preocupantes muestras de desigualdad individual ante
algunos servicios públicos, entre otras cosas.
Afrontar estas pulsiones políticas y estas realidades incuestionables,
exige reformar nuestro modelo o, si se prefiere, reflexionar sobre el estado
autonómico en una perspectiva federal. Me apresuro a decir que no se trata de
revocar nuestro compromiso constitucional, ni de renegar del modelo autonómico
del que nos hemos dotado. Se trata de revisarlo y de abordar los problemas
existentes y hacerlo, en la única dirección que cabe a la naturaleza de nuestro
modelo y de nuestros problemas: la perspectiva federal.
Tampoco queremos adjetivar el término federal, porque al hacerlo
incurriremos en redundancia o en contradicciones. Mi tesis es que, la reforma
federal, es lo único que resuelve los problemas denunciados. Las reformas
federales pueden racionalizar el funcionamiento del modelo autonómico, mejorar
la cooperación interna, evitar disfunciones y asegurar eficiencia en la unidad
de mercado e igualdad entre los españoles, de una parte. Pero, al mismo tiempo,
una reforma de nuestra Constitución en clave federal, puede ofrecer un camino
de diálogo, pacto y solución de problemas que nos plantean algunas comunidades
nacionales, porque pueden abarcar algunas de las reivindicaciones nucleares en
el desarrollo de su autogobierno.
¿Cuáles son estas reformas? Serán aquellas que conjuguen una auténtica
renovación del pacto territorial, que
debe abordar -entre otras- estas materias:
>> El establecimiento de un mecanismo de participación directa y eficaz de
las Comunidades Autónomas en la acción política estatal y en el proceso
legislativo de las Cortes. Aunque se acostumbra a despreciar la llamada reforma
del Senado en la perspectiva del federalismo alemán, una reforma del tipo
Bundesrat aportará a los gobiernos autonómicos un protagonismo y un poder
legislativo en la política española, extraordinario y desconocido.
>> Es necesario reformular el modelo de financiación de las Comunidades
Autónomas y establecer con claridad quién recauda, qué y cómo se reparte la
tarta de los ingresos en los tres niveles del Estado: gobierno central,
comunidades autónomas y entes locales. Ésta es una de las grandes tareas
pendientes del modelo territorial que debiera solucionarse quizás, en una
perspectiva federal, semejante al modelo norteamericano.
>> Quizás nuestra Constitución deba optar por una clarificación competencial
que determine y simplifique las funciones y los poderes de las Comunidades
Autónomas y del gobierno central, al modo de como lo tienen hecho, por ejemplo,
en la constitución alemana.
>> Deben mejorarse los mecanismos de cooperación y deben establecerse
instrumentos federales en la gestión de los intereses públicos que aseguren el
buen funcionamiento de los servicios públicos y de la economía, en el conjunto
del Estado.
- Pueden establecerse principios constitucionales que desarrollen mejor los
valores constitucionales de la Solidaridad, de la Igualdad y de la
Singularidad. Una clarificación de estos principios puede ser muy necesario.
Estas y otras reformas pueden abordarse en el marco de una renovación más
amplia de nuestra Carta Magna. Renovación que viene obligada por otras
circunstancias y que incluso debieran llevarnos a pensar en un método más
flexible y menos gravoso para abordar la adaptación de nuestro Texto Fundamental
a las muy diferentes circunstancias que nos imponen los cambios que estamos
viviendo en esta etapa de transformaciones ideológicas, económicas y sociales.
Quedarse quietos en la pasividad y en el inmovilismo o, peor aún, pegarse a
la pared diciendo "no nos moverán", nos llevará a un enfrentamiento de
resultados dramáticos. Cuando la dimensión y la naturaleza de los problemas que
estamos tratando se elevan a los niveles que están alcanzando hoy en día en
España, es la política grande, la política noble, la que resulta interpelada. Y
ésa es la actitud que nos mueve a los socialistas. Aun sabiendo que el empeño
no es fácil, estamos convencidos de que, desde una política basada en mirar de
frente a los problemas, el diálogo y el pacto en el marco de nuestras leyes, es
la única solución posible.
Ramón Jáuregui es diputados socialista por Araba-Álava
