El Gobierno de Zapatero se niega a acatar las sentencias de la ONU

Los ex inspectores de Policía Luis Hens y Juan Ramón Corujo presentaron el 24 de mayo de 2004 algo más de un mes de la victoria electoral de Zapatero- una demanda contra el Estado español ante el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas. Ambos policías habían sido condenados por participar, como custodios, en el secuestro del ciudadano vasco-francés Segundo Marey, una de las primeras acciones de los GAL.

Entonces, Hens y Corujo eran inspectores destacados en el País Vasco en los duros 'años del plomo', y a ambos se les dio la orden por la superioridad de custodiar a un detenido supuesto miembro de ETA. Sin embargo, dado que en esta causa había aforados, Hens y Corujo no tuvieron las mismas oportunidades judiciales que cualquier otro ciudadano.

Por esa razón, y después de un calvario judicial por España y Europa, ambos ex inspectores pusieron una demanda ante la citada comisión de la ONU, la cual emitió su dictamen el 25 de marzo de 2008. En la página 12 de ese dictamen se establece lo siguiente:

"[Hay] ocasiones que una persona en razón de su cargo sea juzgada por un tribunal de mayor jerarquía que el que naturalmente correspondería, esta circunstancia no puede por sí sola menoscabar el derecho del acusado a la revisión de su sentencia y condena por un tribunal superior. El Comité observa además que el recurso de amparo no puede considerarse un recurso apropiado en el sentido del artículo 14, párrafo 5 del Pacto. Por consiguiente, el Comité concluye que se ha violado el artículo 14, párrafo 5, del Pacto con relación a los hechos expuestos por los autores".

En su punto 11, el Comité de Derechos Humanos establece que "a tenor de lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 3 del artículo 2 del Pacto [suscrito por España], el Estado Parte debe proporcionar a los autores una reparación adecuada que incluya una indemnización y tomar las medidas necesarias para asegurar que este tipo de violaciones no se repitan", y establecía un plazo de 180 días para recibir del Gobierno español (Zapatero) "información sobre las medidas adoptadas para aplicar el dictamen del Comité. Se ruega al Estado Parte que publique el dictamen del Comité".

Zapatero y Chaves ignoran a la ONU

El plazo de '180 días' se dilató hasta lo indecible: el 7 de febrero de 2011, tres años después del dictamen, se produjo la respuesta por parte de la Secretaría de Estado para la Función Pública del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, firmada por el vicepresidente tercero, Manuel Chaves, notificando Acuerdo del Consejo de Ministros al respecto, de fecha 1 de febrero de 2011, en la que se desestimaba la rehabilitación de Luis Hens en su condición de funcionario público, tal y como había ordenado la ONU a España.

Entre las conclusiones del Gobierno se afirmaba que los ex policías había realizado hechos constitutivos de delito -se obviaba que orden superior, e incluso política, del Gobierno de Felipe González-; que dichos hechos habían producido "daño y perjuicio para el servicio público", que eran reos "traición de la confianza que la sociedad ha puesto en ellos", que habían mantenido "conducta impropia", y sobre todo lo que más preocupaba a Zapatero y su vicepresidente Chaves -que fue ministro con González cuando los GAL-: la "gran repercusión en los medios de comunicación en el marco de las acciones de los Grupos Antiterroristas de Liberación...".

Veintiséis años después de aquellos episodios, el Gobierno de Zapatero se ha negado a cumplir los mandatos de la ONU.

LEA LA EXPERIENCIA POLICIAL-JUDICIAL DE LUIS HENS SERENA CONTADA POR SU PROTAGONISTA

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