El Gobierno de
Mariano Rajoy eliminó en 2012 los topes máximos de los precios de las matrículas universitarias -desde el año 2007 limitados en IPC+4 puntos-, dando vía libre a las autonomías a fijar sus propios criterios dentro de lo establecido por la
Ley Orgánica de Universidades 6/2001. Es decir, permitió incrementar un 66% el precio de las matrículas al desplazar el nivel máximo de la horquilla que debía aportar el estudiante sobre el coste real del 15% al 25%. Así, si un curso académico universitario costase 5.000 euros, hace tres años un alumno debía abonar 750 euros de matrícula frente a los 1.250 que abonará en aquellas autonomías que hayan decidido acogerse a los topes que permite la ley.
Este es el caso de Madrid y Cataluña. Estas son las dos únicas comunidades donde han subido sus tasas universitarias hasta el máximo 66%. Cataluña lo hizo de golpe en el curso 2012-2013 y Madrid lo ha hecho en dos tandas, siendo este curso 2013-2014 la única autonomía en subir los precios más allá del IPC.
El incremento de las tasas junto a los nuevos
requisitos académicos exigidos para poder obtener una beca -sacar un 5,5 para acceder a la beca de matrícula y hasta un 6,5 para recibir ayudas directas, según la carrera; matricularse de un mínimo alto de créditos y aprobarlos para no tener incluso que devolver el importe recibido, en el caso de las becas salario...- han motivado junto a la LOMCE el descontento de gran parte de la comunidad educativa.
El ministro de Educación, Cultura y Deporte,
José Ignacio Wert, cifró en alrededor de 10.000 los alumnos que podrían llegar a perder la beca por el
endurecimiento de las calificaciones exigidas. Sin embargo, desde el Sindicato de Estudiantes y miembros de la Plataforma Estatal por la Escuela Pública elevan la cifra de desplazados del sistema educativo hasta los 50.000 o 100.000 al incluir a aquellos que se queden en el limbo: sin poder pagar la matrícula por el incremento de tasas y sin cumplir los requisitos para poder optar a una beca.
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