El titular de Interior ha respondido así a los trece magistrados de la Sala Penal del Supremo que se han dirigido por carta al presidente de este órgano y del Consejo General del Poder Judicial (CJPJ),
Carlos Lemes, para que actúe ante el presidente del Gobierno por lo que consideran injerencias del ministro del Interior al calificar de "lamentables" y posible prevaricación las recientes excarcelaciones de miembros de ETA.
Durante la jura de 24 nuevos comisarios principales que, pertenecientes a la XXIV Promoción, se incorporarán a sus nuevos destinos en los próximos días celebrada en el madrileño barrio de Carabanchel,
Fernández Díaz ha incidido en que él ha respetado y respetará siempre la ley, del mismo que "respeta y respetará siempre" la separación de poderes amparada por la Constitución.
En este sentido, ha recordado que el Boletín Oficial del Estado publicó el pasado 13 de noviembre una ley orgánica que incorpora la norma comunitaria al derecho español según la cual se impide en España la acumulación del tiempo de prisión cumplido por condenas impuestas en otros países de la UE antes del 15 de agosto de 2010.
Igualmente, ha enfatizado que la Constitución recoge la separación de poderes como garante de un Estado democrático. Una separación de poderes, ha apostillado, "que es el fundamento de un buen funcionamiento de un Estado democrático, social y de derecho, de un Estado como es nuestro Estado".
Catalá defiende a su compañero de GobiernoLo ha dicho tras reunirse en Barcelona con el conseller de Justicia de la Generalitat,
Germà Gordó, y con la delegada del Gobierno en Cataluña,
Llanos de Luna, al preguntársele por una carta sin precedentes de trece magistrados del Tribunal Supremo (TS) que piden al presidente del alto tribunal y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, que actúe, al considerar las declaraciones una injerencia.
"El ministro de Interior fue absolutamente respetuoso en su comentario sobre una actuación de una sección de la Audiencia Nacional", según
Catalá, que ha defendido el derecho a la libertad de expresión dentro del respeto a la independencia de las instituciones.
Considera que las actuaciones judiciales pueden ser comentadas desde el punto de vista de la política, "sin que eso signifique ninguna injerencia ni una falta de respeto a la independencia".
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