Dívar se defiende: acusa implícitamente a Gómez Benítez de falsedad y deslealtad

La denuncia de José Manuel Gómez Benítez, un hombre de la máxima confianza del exjuez Baltasar Garzón y del secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, contra el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, ha causado conmoción en el seno judicial. La denuncia concreta de que, en tiempos de crisis, Dívar hubiera utilizado casi 6.000 euros del Consejo General para pagarse estancias en Puerto Banús ha motivado una respuesta de Dívar en la que se pone por entero a disposición de la Fiscalía para que le investiguen sus cuentas.

En su respuesta oficial, Dívar manifiesta su "sorpresa por la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado por el vocal del CGPJ, D. José Manuel Gómez Benítez, quien en ningún momento informó de esta iniciativa personal al órgano colegiado del que forma parte ni, desde luego, a su Presidente sin utilizar los cauces sobre iniciativas y propuestas previstos en las normas que regulan la organización y funcionamiento del Consejo". Es decir, que Gómez Benítez habría actuado de una forma 'desleal' y sin seguir los cauces, según Dívar.

Dice el presidente del CGPJ que confía "en la actuación rigurosa e independiente de la Fiscalía", y que ofrece su total colaboración poniendo a disposición del Ministerio Público cuanta información y documentación considere procedente. E, igualmente, reitera que seguirá actuando, "como ha venido haciendo hasta ahora, con máxima trasparencia, como bien lo sabe el Vocal denunciante, a quien se han facilitado en todo momento los documentos y justificantes que ha venido solicitando sobre los gastos de viajes del Presidente y Vocales". Es decir, que implícitamente le acusa de mentir.

Dívar añade en su descargo que es preciso insistir en la diferenciación de gastos personales, "que han sido asumidos por el propio Presidente", y gastos con cargo al Presupuesto del Consejo General del Poder Judicial, "que están perfectamente documentados y justificados, tramitados legalmente con la fiscalización de la Interventora delegada de la Intervención General del Estado, una vez comprobada la corrección del gasto".

Prosigue Dívar en su nota oficial que el CGPJ ha defendido siempre la trasparencia en su gestión, "como se pone de manifiesto en el hecho de que en estos momentos el Tribunal de Cuentas está llevando a cabo, por primera vez en un órgano constitucional del Estado, una auditoria de sus cuentas, y el mínimo respeto institucional a su labor fiscalizadora debiera de haberse tomado en consideración antes de presentar una denuncia sobre estos aspectos".

Finalmente, y en relación con todos los detalles relativos a la seguridad de la Presidencia denunciados por el vocal Gómez Benítez, precisa Dívar que la decisión sobre tal dispositivo en relación con los titulares de los Poderes del Estado, entre ellos el Judicial, corresponde al Ministerio del Interior y en su adopción, por motivos obvios, "no interviene, ni puede intervenir, el Consejo ni su Presidente".

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