Rajoy culmina su 'vendetta': el Constitucional por fin vuelve a tener mayoría conservadora

El 9 de junio de 2004, el Gobierno socialista que ganó en las elecciones de marzo dio un giro radical a la composición del Tribunal Constitucional. Le tocaba haberlo dado a Mariano Rajoy, pero perdió aquellas elecciones frente a Zapatero. Ahora, justo en las mismas fechas, Rajoy por fin ha podido hacer 'su reforma' en el Constitucional y ha nombrado a los dos magistrados que le corresponde al Gobierno y que le garantizan la mayoría conservadora en el Alto Tribunal.

Ésa ha sido una espina que se ha sacado Rajoy, pero hay una segunda espina igual de dolorosa que también se ha quitado el actual presidente del Gobierno: uno de los nombrados es el magistrado de la Audiencia Nacional Enrique López López, un juez que durante años fue vetado por el Partido Socialista y que ha tenido que esperar hasta este momento, con la nominación directa, para que Rajoy cumpliera la promesa que le hizo.

López fue portavoz del anterior Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que él manejaba con gran fluidez; pero esa labor le brindó, claro estar, el odio del Partido Socialista, que le ha estado vetando todos estos para ir al Constitucional. De hecho, López tuvo que volver a la Audiencia Nacional, esperando esta oportunidad.

El otro nombramiento corresponde al actual rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Pedro González-Trevijano, de quien la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha destacado su labor "educadora y docente", dado que es autor de "numerosas y extensas publicaciones" relativas al derecho público y constitucional.

El nombramiento de López y de González-Trevijano corresponde al tercio del Gobierno y sus nombres se unen a los elegidos también este viernes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): el progresista Juan Antonio Xiol Ríos y el conservador Santiago Martínez-Vares.

El Gobierno esperaba con ansia la llegada de este momento, en el que casi el mismo día pero de nueve años después consigue darle la vuelta al Constitucional, y en esta operación se ha implicado personalmente la vicepresidenta Sáenz de Santamaría.

¿Está por fin contento el Gobierno? ¿Se acelerarán ahora sentencias sobre temas tan complejos como el soberanismo catalán, el futuro de Arnaldo Otegi y otros abertzales, la ley del aborto de Zapatero, la privatización de la sanidad y el copago con el euro por receta, la amnistía fiscal.... Y tantos otros? ¿Las sentencias serán favorables a las tesis del actual Gobierno?... Sobre estas cuestiones no ha querido entrar la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, alegando que el Gobierno no fija las agendas del Constitucional.