El Gobierno ha alcanzado este martes con el
PSOE un "pacto de Estado" para dar una respuesta penal al fenómeno
yihadista, con la voluntad de incorporar al máximo número posible de
grupos parlamentarios y la convicción de que es una "buena noticia para
España, para nuestro Estado de Derecho y nuestra democracia". El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz; el de Justicia,
Rafael Catalá; y el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados,
Antonio Hernando, han acordado este martes tramitar de manera separada
las medidas del Código Penal sobre el yihadismo a través de una ley
orgánica con carácter urgente.
De esta manera, el grueso del Código Penal, sobre el cual no existe
consenso, seguirá su tramitación en el Congreso con la previsión de ser
remitido al Senado el próximo día 21. De forma separada, se intentará
alcanzar un acuerdo sobre las enmiendas relativas al terrorismo con la
esperanza de que no haya un gran "desfase temporal" entre la aprobación
de ambas ideas.
Fernández Díaz ha explicado que el registro de pasajeros en
aviones no entra dentro de este acuerdo puesto que no es una medida
incluida en el Código Penal y ha destacado que este "acuerdo de Estado"
es una "buena noticia para España, para nuestra democracia y para
nuestro Estado de Derecho".
"La cuestión sobre el yihadismo y la manera de afrontarlo desde el
Estado requiere de un auténtico acuerdo de Estado entre el Gobierno y
el PSOE, cuando menos, con la voluntad de que ese acuerdo se amplíe al
mayor número de fuerzas políticas", ha afirmado Fernández Díaz.
Catalá ha confiado en que las medidas para combatir la amenaza
yihadista sean aprobadas en el primer trimestre de 2015 y ha subrayado
que se tratan de un paquete integral para "fortalecer el Estado de
Derecho y las capacidades de investigación del Poder Judicial, los
fiscales y las Fuerzas de Seguridad".
Las razones del PSOE
Por su parte, el portavoz parlamentario del PSOE,
Antonio
Hernando, ha argumentado la decisión de llegar a un acuerdo diciendo que
"la lucha contra el yihadismo es una cuestión de Estado y requiere la
voluntad de todas la fuerzas para que haya la máxima unidad para vencer
al terrorismo". Según ha dicho, su intención es la de "trasladar a
España ese espíritu de París, el de la unidad de todos los demócratas".
En ese sentido, ha anunciado que lo que le han transmitido al
ministro es que era "bueno separar del Código Penal las medidas de
terrorismo". "La razón es que no estamos de acuerdo con el texto del
Código Penal pero sí estamos de acuerdo con la tipificación del nuevo
terrorismo yihadista", ha explicado.
En cualquier caso, no ha querido ocultar que la redacción actual
de las enmiendas presentadas por el PP al Código Penal en esta materia
no les gusta. "Queremos mejorar la redacción, sería excelente que los
grupos entrasen en ese debate", ha declarado.
Hernando ha insistido en que lo que se pretende es "mejorar la
lucha contra el terrorismo yihadista", y ha destacado la importancia de
haber podido fijar el marco del debate durante la reunión, si bien ha
admitido que no han entrado de lleno en el articulado porque "no ha dado
tiempo". Hernando ha estado acompañado de los portavoces del PSOE en
las Comisiones de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados,
Rosa Aguilar y
Antonio Trevín, respectivamente.
Al ser preguntado por cuáles son las enmiendas que no les gustan,
el portavoz socialista ha evitado entrar en detalles, pero si ha
comentado que "hay redacciones francamente mejorables desde el punto de
vista jurídico que crean inseguridad jurídica". "Si hay voluntad, se
puede llegar a un acuerdo para tener seguridad sin perder un ápice de
libertad", ha sentenciado.
12 enmiendas
El Gobierno, a través del Grupo Parlamentario Popular, propuso un
paquete de 12 medidas en el futuro Código Penal con las que pretende
plantar cara el terrorismo yihadista. Entre las medidas que ahora se
debatirán aparte están:
- Se regula la figura del lobo solitario desvinculando los tipos
de terrorismo del concepto de "organización". "Terrorista es quien
comete un delito terrorista, pertenezca o no a una organización",
alegaba el PP en esta enmienda en la que se defiende que "hay que
delimitar con un rigor mínimo la jurisdicción universal en esta
materia".
En ese sentido, explica que "España tiene que tener jurisdicción
si el que se va a Siria a recibir entrenamiento terrorista es español,
reside o establece su residencia habitual en España o si vuela por los
aires un convoy de soldados españoles". "Pero no tenemos que tener
jurisdicción cuando autor y víctima del delito son extranjeros", zanja.
- Se propone la elevación de las penas en atención a la gravedad
del delito (cuando el autor no de razón del paradero de la persona
secuestrada).
- Se penalizará el depósito, tenencia de armas, precursores y
explosivos con fines terroristas aunque no se pertenezca a la
organización terrorista. "También se castiga la tenencia, no ya de armas
nucleares, sino de elementos que puedan servir para su fabricación,
pero cuya consideración como 'componente de un arma nuclear' es todavía
dudosa", explica la justificación.
- Se castigará el adiestramiento pasivo y autorradicalización
(conductas propias del combatiente retornado y del lobo solitario), así
como el desplazamiento de los llamados combatientes extranjeros a zonas
de conflicto para integrarse en organizaciones terroristas.
En lo referente al adiestramiento pasivo, una de las iniciativas
bandera del Ministerio del Interior, la enmienda explica que "la
regulación incluye la recepción de adiestramiento por cualquier vía,
incluido internet, y se desvincula de la intención de cometer un delito
posteriormente, para evitar problemas probatorios". De este modo, "se
tipifica el autoadiestramiento previendo el castigo del que se
autoinstruye de manera consciente y sostenida en el tiempo".
- Se penaliza la financiación del terrorismo aunque no se pertenezca a la organización o se actúe por imprudencia.
- Otra enmienda propone desvincular la colaboración de la
pertenencia a la organización terrorista y agrava la pena del
adiestramiento activo de menores y discapacitados.
- Se amplía el concepto de pertenencia a organización terrorista.
- Se eleva la pena del enaltecimiento del terrorismo y agrava la
pena cuando se realice por las Tecnologías de la Información y la
Comunicación. El PP argumenta en sus enmiendas que "existen con
frecuencia páginas webs que en apariencia hacen un seguimiento de la
guerra de Siria o en otras partes del mundo del yihadismo en general,
pero en la realidad es que los contenidos de los artículos que en ellas
se publican realizan un apoyo o apología de la actividad terrorista o se
incita a participar como yihadistas en los conflictos existentes".
- Se penaliza la difusión en Internet de contenidos terroristas o
que inciten a la comisión de actos terroristas (autorradicalización por
medio de las webs).
- Se castiga con la pena inferior en uno o dos grados la provocación, conspiración y proposición a los delitos de terrorismo.
- Inhabilitación especial para ser docente a los condenados por terrorismo.
- Se considerará agravante de reincidencia al ya condenado por terrorismo en otro país.
- Se castigará con penas de entre uno y ocho años a quienes se
desplacen a lugares de conflicto controlados por grupos terroristas,
quien pertenezca o colabore con alguna de estas organizaciones o quien
haya mostrado voluntad para ello. Estas acciones serán perseguibles
--aunque el entrenamiento hubiera tenido lugar en otro país-- siempre
que la acción se haya cometido en España o siempre que el autor tenga
nacionalidad española o siempre que el autor tenga su residencia
habitual en España.
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