La presidenta de Andalucía pide en Diariocrítico una reforma de la Constitución para "avanzar en el modelo de país que queremos"

El reto de modernizar España y salir de la crisis
 
Por Susana Díaz Pacheco, presidenta de la Junta de Andalucía
 
Treinta y cinco años después, el proyecto de país que edificaron los representantes públicos, brindándonos uno de los mejores ejemplos de política con mayúsculas, celebra efeméride más cuestionado que nunca. Nuestra Constitución debe seguir siendo ley de leyes, garante de la solidaridad, la unidad y la igualdad de todos los españoles y españolas vivan donde vivan.
 
Y para ello, dos tercios de la población que no participaron de aquel consenso deben sentirse ahora incluidos pero, sobre todo, deben reconocerse en la Carta Magna. De ahí que su reforma no pueda aplazarse.
 
La crisis ha puesto de manifiesto algunas de nuestras carencias y ha dejado en evidencia que debemos blindar las conquistas sociales de los últimos treinta años, para escapar de especuladores y modelos ideológicos. Los peligros que acechan a nuestro modelo de convivencia provienen lamentablemente de intentos  de recentralización y desafíos soberanistas alentados por una coyuntura socioeconómica tan adversa como la que atravesamos. Ni la ruptura, ni la vuelta al pasado son soluciones para España, ni para ninguna de sus Comunidades Autónomas.
 
La política es la única capacitada para llevar a cabo esta ardua tarea, por eso apelo a la responsabilidad de los representantes públicos. Responsabilidad para alcanzar un consenso idéntico al del 78. Pero también responsabilidad porque reformar nuestra Constitución es la base para avanzar en el modelo de país que queremos.
 
Una reforma en clave federal y donde se sientan incluidas todas las generaciones. No se trata de desvirtuar, sino de avanzar dentro de la evolución lógica de la democracia.
 
Partiendo del modelo territorial vigente, urge una revisión que refuerce nuestro modelo de convivencia. Una modernización acorde a los tiempos y sin concesiones ni privilegios. Una reforma que posibilite la actualización del modelo territorial sobre el principio básico e irrenunciable de la igualdad de todos los españoles y españolas, sin discriminación, y con reconocimiento de la pluralidad de España.
 
Y una reforma, al fin, para que podamos elevar a la categoría de Derechos Fundamentales esas conquistas sociales (educación pública y sanidad universal) que nos han hecho mejores y más iguales, y que hoy día se están viendo amenazadas con la excusa de la crisis, pero también por el interés ideológico de imponer un modelo de sociedad clasista e injusto.
 
Este es el desafío de nuestro tiempo, que debemos acompasar a esa gran tarea titánica que nos preocupa y ocupa: salir de la crisis y crear empleo. Nos jugamos mucho en este envite, pues hablamos de devolver a España un proyecto vivo y de futuro. Y debemos ser capaces de devolver a la ciudadanía la esperanza en el mañana, la confianza en un país y la credibilidad a la política, y por ende, a las instituciones. Debemos estar a la altura porque así nos lo exigen los ciudadanos.
 
Estamos en un país capitalizado, cohesionado, con fortalezas suficientes como para prosperar. Primero habrá dejar que sea la política quien vuelva a coger las riendas, no la economía ni los mercados.
 
Algunos pueden pensar que la reforma de la Constitución no es urgente, permítanme que discrepe. Mirar para otro lado no recuperará la deriva soberanista catalana, ni los derechos sociales arrebatados, ni resolverá la brecha de la desigualdad.
 
Debemos abordar una reforma de nuestra Carta Magna con altura de miras. Para evitar que sean los ciudadanos los que sufran el mayor coste de la crisis, como está ocurriendo en la actual. Que los ciudadanos no vuelvan a sentirse rehenes de los mercados o de mayorías absolutas en las que no se reconocen.
 
No podemos aplazar la recuperación de los derechos sociales a la mejoría de la economía. Las heridas infligidas a nuestro modelo social están siendo tan graves y profundas que su tratamiento no conviene fiarlo a la inercia de los acontecimientos. Se están poniendo en peligro los pilares que sostienen y cohesionan nuestro país, los que afectan al mismo corazón de la democracia: el pueblo.
 
Confiar en que Europa nos arrastrará en el camino a la aceleración o que todo se resolverá por decantación natural es, además de una irresponsabilidad, una dejación de funciones. Máxime cuando desde Europa se nos exige una y otra vez más ajustes que vuelven a cargar contra las personas en una nueva imposición de austeridad.
 
El Gobierno andaluz está demostrando que se puede gobernar en la crisis de otra manera, sin ampliar la brecha social, sin privatizaciones de los servicios públicos, reorientando los recursos para hacer frente a las auténticas prioridades, que no pueden ser otras que la creación de empleo y poner a las personas en el centro de nuestras políticas: manteniendo las prestaciones sociales fundamentales y poniendo en marcha cuantas iniciativas sean necesarias para amortiguar la preocupante exclusión social que están padeciendo miles de familias. En esta coyuntura socioeconómica, el Gobierno andaluz trata de dar protección social a los más desprotegidos cuando más lo necesitan. Solo así evitaremos ampliar la brecha de la desigualdad y nos permitirá salir de la crisis sin dejar a nadie atrás.
 
Los representantes públicos tenemos que hacer frente además a otro debate derivado de la crisis: la creciente desafección ciudadana. En mi reunión con el presidente del Gobierno el pasado mes de octubre, le propuse liderar un pacto nacional por la regeneración política. Se trataba de ser impecables en nuestra gestión pública, renovar los compromisos con la ciudadanía y ampliar los mecanismos de rendición de cuentas y exigencia de responsabilidades, todo ello bajo una máxima inapelable: la transparencia.
 
A la espera de ese pacto nacional, en Andalucía vamos a introducir medidas para mejorar la calidad democrática, fomentando la transparencia y el control en las cuentas públicas y avanzando en cuantas iniciativas entren en nuestras competencias para restablecer los vínculos con la ciudadanía y recuperar la credibilidad.
 
El debate de transparencia incluye también otra necesidad que precisa de acción política, la reforma fiscal. Es imprescindible garantizar un marco fiscal estable, tanto en el ingreso como en el gasto público y que redoblemos esfuerzos en nuestra lucha contra el fraude, tan perjudicial para todos. Imprescindible, porque somos las administraciones públicas las que tenemos que convertirnos en ejemplo de gestión del dinero público, de forma rigurosa y eficiente, para así poder exigir a los ciudadanos el mismo esfuerzo.
 
No podemos permitir que los ciudadanos tengan el convencimiento de que sus impuestos sirven para pagar a los políticos. Los impuestos de todos son una inversión de ida y vuelta: las infraestructuras que utiliza, la educación de sus hijos, una atención sanitaria de calidad, por ejemplo.
 
El Gobierno central ha anunciado una reforma fiscal para el año próximo. Desde Andalucía consideramos fundamental que, al abordarla, cuente con la colaboración de las autonomías. Se trata de una reforma que ha de clarificar las competencias en los distintos impuestos, que nos permita avanzar en la corresponsabilidad fiscal, que se apoye en la progresividad, sin privilegiar a las grandes fortunas, y que sepa distinguir entre las inversiones que crean empleo de aquellas otras que sólo se dirigen a la especulación.
 
Concluyo retornando a lo nuclear. Todos estos debates están sobre la mesa, y todos se sustentan en un pilar: la Constitución. Este país necesita renovar el pacto constitucional para que se garanticen mejor los derechos de los españoles (la salud, la educación, la asistencia social) y para poder enhebrar un nuevo modelo de convivencia que reconozca y respete la diversidad de nuestro país, resolviendo las tensiones creadas desde el respeto a dos principios superiores: igualdad y solidaridad.
 
Desde Andalucía estamos convencidos de que podemos desempeñar un papel fundamental a la hora de abordar una reforma constitucional anclada en la solidaridad y la igualdad de todos los españoles. Andalucía debe liderar un proceso de reforma del modelo territorial que corrija ineficiencias, clarifique el reparto competencial, garantice la autonomía efectiva y la financiación de los servicios públicos, facilite la cooperación institucional y, todo ello, fruto de un consenso al menos tan amplio como el que alumbró la Constitución de 1978.
 
En ese proceso, Andalucía ha de jugar, como lo ha hecho en otras ocasiones, un papel de fiel de la balanza, de equilibrio, de integración y de avance. Desde la lealtad pero sin aceptar prebendas ni tratos discriminatorios.
 
Si lo conseguimos entre todos, si logramos perfilar el horizonte de progreso para las próximas décadas, habremos cumplido con nuestra obligación pero, sobre todo, estaremos dando esperanza e ilusión a un país que lo necesita y lo merece.