El Partido Popular ha presentado por fin una demanda civil por vulneración del derecho al honor contra la empresa editora del diario El País, así como contra su extesorero, Luis Bárcenas, porque, según publicó el propio diario también demandado, es el "autor de los falsos papeles" publicados, aunque Bárcenas lo haya negado públicamente y ante la Fiscalía Anticorrupción. El PP a los demandados nada menos que 500.000 euros.
El Partido Popular ha presentado en la mañana de este miércoles una demanda por
vulneración del derecho al honor contra la empresa editora del diario
El País,
así como contra el autor de los "falsos papeles" -dice la querella- publicados que, según dicho
medio de comunicación, se trata de
Luis Bárcenas, aunque él lo haya negado públicamente
y ante la Fiscalía Anticorrupción.
De la misma forma,
Ángel Acebes, Javier Arenas, Jaime Mayor Oreja
y
Rodrigo Rato han emprendido las mismas acciones legales que el Partido
Popular, por entender que se ha vulnerado su derecho al honor. Pero no lo ha hecho así el presidente del PP y del Gobierno de España,
Mariano Rajoy.
Los demandantes han manifestado igualmente su intención de
dirigir la acción contra la persona o personas que hayan entregado al diario El
País los falsos documentos publicados, cuya identidad se desconoce actualmente.
"Papeles prefabricados ad hoc"Según la demanda presentada en la mañana de este miércoles, "la difusión premeditada
e irresponsable, inexplicable en un medio de comunicación, de documentos
("presumiblemente prefabricados ad hoc") cuya autenticidad, veracidad y autoría
no se ha contrastado ni de otro modo consta a quien los difunde, pone
evidentemente de manifiesto el criticable e inexistente rigor profesional y
mala praxis de lo que hace".
Además, la demanda explica que "como han venido manifestando
inequívocamente durante estas últimas fechas todos y cada uno de sus dirigentes
a quienes se ha preguntado sobre el particular, el PP lleva, y siempre ha
llevado, una única contabilidad que, siguiendo lo preceptuado en la legislación
vigente, somete con la periodicidad normativamente prevista a la supervisión y
control del Tribunal de Cuentas, sin que la revisión de las mismas por el
citado órgano haya sido objeto de tacha o reserva de ningún tipo".
Por consiguiente, continúa, "cualquier información o
documento que ponga en duda la existencia de una única contabilidad en el PP debemos,
pues reputarla como radicalmente falsa, temeraria y tendenciosa".
"Dañar la imagen del PP"Tanto el PP como el resto de los demandantes
consideran que "lo que subyace en la forma de actuar no es sino la clara
intención de dañar la imagen y buena reputación del PP y de sus dirigentes y
empleados". En este sentido, la trascendencia de la difusión de las infundadas
noticias que se denuncian en este escrito de demanda ha sido de grandes
dimensiones.
Las conclusiones "indebidamente extraídas de documentos
falsos y muy probablemente manipulados, y los infundios derivados de su
subjetiva interpretación por el medio, han dañado gravemente la imagen del
Partido Popular y de sus dirigentes", según la demanda presentada este miércoles.
Según dice la demanda, pocas veces ha podido someterse al
enjuiciamiento jurisdiccional un caso de lesión del derecho al honor de tan
graves consecuencias para los perjudicados como el que han provocado la
conductas de los demandados. Por esas razones, el PP y los
dirigentes populares afectados solicitan las siguientes medidas:
1.- Se declare que por parte de los demandados se ha
vulnerado el derecho al honor de los demandantes.
2.- Se declare que dicha vulneración ha supuesto un daño
efectivo en la imagen y prestigio de los demandantes.
3.- Se condene a los demandados a la publicación a su costa,
de la Sentencia dictada en estos autos estimativa de la demanda, en los mismos
medios utilizados para divulgar y poner a disposición de su público los
artículos ofensivos, y durante los mismos días en que se han publicado las
informaciones objeto del presente procedimiento.
4.- Abonar en concepto de indemnización de daños y
perjuicios, que incluye el daño moral, a los demandantes el importe de 500.000
euros, que será destinado a organizaciones de carácter social.
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