Rajoy proclamará su inocencia, condenará las prácticas de Bárcenas y planteará un pacto global contra la corrupción

Según fuentes de absoluta solvencia, Mariano Rajoy se negó a comparecer en el Parlamento por el 'caso Bárcenas' hasta no saber con más exactitud qué tenía el extesorero del PP contra él, y sobre todo de qué munición disponía el director del diario El Mundo, Pedro José Ramírez, para atacarle con alguna posibilidad de éxito.

Después de una espera 'prudente' y de observar que no salía ningún documento que le afectará directamente a él o a alguno de sus más directos colaboradores, y ante la amenaza de un moción de censura que desestabilizaba completamente el país, y ante el consejo de nacionalistas como Iñigo Urkullu, decidió 'abrir la mano' y comparecer en el Parlamento para hablar, además de economía, de corrupción en el PP.

No se espera grandes revelaciones de Rajoy en el debate parlamentario, pero medios gubernamentales aseguran que el presidente va a dejar proclamada 'sin lugar a dudas' su inocencia, que va a descalificar a los que como Luis Bárcenas se han enriquecido a través de los partidos políticos -la duda, y las apuestas morbosas, se centran ahora en si pronunciará o no el nombre de Bárcenas- y que va a proponer a Rubalcaba y a todas las fuerzas parlamentarias un pacto contra la corrupción con medidas similares a las ya anunciadas en el debate del estado de la Nación, el pasado 20 de febrero.

Medidas concretas para luchar contra la corrupción

Según esas fuentes, Rajoy para exponer primero las medidas que su gobierno ya ha puesto en marcha para atajar la corrupción. Así, va a recordar que ha impulsado la ley de transparencia y la de financiación de partidos políticos, así como la reforma del Código Penal, para proponer seguidamente a todos los grupos parlamentarios un amplio acuerdo en esta materia, que ayude a devolver la confianza de los ciudadanos en sus representantes.

Las medidas concretas serían las siguientes:

- Que la ley de transparencia se aplique a los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales, así como a las organizaciones que se financien con fondos públicos.

- Mayor control sobre los partidos políticos, sus cuentas y su gestión: hablará del proyecto de ley orgánica de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos.

- Extender la normativa con mayores exigencias a los partidos y más instrumentos control para el Tribunal de Cuentas.

- Obligación de los partidos de depositar las cuentas en un registro público específico.

- Regulación de los procedimientos de contratación de los partidos políticos, estableciendo con claridad las normas de quienes contratan en su nombre.

- Establecer reglas claras sobre el papel de los responsables de la gestión económica de los partidos, con doble control externo sobre sus funciones: por un lado, con el Tribunal de Cuentas, y por otro, con la obligación de comparecer anualmente ante el Parlamento para explicar en qué se han gestionado los recursos de todos los partidos con representación parlamentaria, que son los que reciben subvenciones oficiales.

- Reformas para garantizar la actuación ejemplar de los dirigentes políticos, de los altos cargos de la Administración y de todos los que representen a los ciudadanos. Esas reformas, ya enunciadas en el debate sobre el estado de la Nación, incluirían aspectos como:

- Un "verdadero Estatuto" del cargo público, tasando las escalas de retribución, sistemas de protección social y fijar los casos para la compensación tras el cese y reforzar la Oficina de Conflicto de Intereses.

- No sólo hacer públicas las declaraciones, sino establecer un procedimiento de comprobación a través de una auditoria de la situación patrimonial de los altos cargos al final de su mandato para detectar cualquier incremento injustificado de patrimonio o rentas incompatibles con sus percepciones durante el tiempo en que han desempeñado cualquier cargo público.

- Extender todas esas medidas a diputados y senadores, reformando los reglamentos de las Cámaras, pero también hacia los gobiernos autonómicos y locales.

- Regulación parlamentaria de los lobbies, clarificando cuáles pueden ser sus actividades y cuáles sus límites.

- Reforma del Código Penal para endurecer las penas y de la ley de Enjuiciamiento Criminal que agilice los procedimientos, así como aumentar el plazo de prescripción de este tipo de delitos.