El Gobierno apela a la Ley: confía en que Mas la cumpla y no saque las urnas a la calle

De ahí, que el Gobierno no puede cambiar su postura ante la consulta, pues no deriva "de un capricho de una decisión", sino de la Constitución, que obliga a todos los gobiernos "en este momento y en el futuro, en España y en Cataluña". En consecuencia, la vicepresidenta pidió al Parlament una reflexión para que no apruebe la ley de consultas y aseguró que si sigue adelante el Gobierno impedirá su entrada en vigor con un recurso al Tribunal Constitucional que conllevará su inmediata suspensión. Saénz de Santamaría confió en que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, cumpla su palabra y no lleve a cabo una consulta ilegal.

Varias son las opiniones que coinciden en destacar la posición de firmeza del Gobierno tras la manifestación de la Diada. Algunos medios se han hecho eco de esta postura y dan un paso más, como es el caso de El País que informa que el Gobierno "ya trabaja en los textos y en los plazos" para aprobar el recurso contra la consulta. El diario apunta la celebración de un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar dicho recurso ante la posibilidad de que la reunión ordinaria del Ejecutivo coincida con un viaje a China del presidente del Gobierno.

En principio, la ley de consultas podría entrar en vigor el 19 de septiembre, por lo que habría que esperar para aprobar el recurso al Consejo de Ministros del viernes 25, fecha en la que Rajoy estará en China.

Mas insiste en celebrar la consulta, pero dice que debe tener "garantías democráticas"

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, reafirmó el viernes su compromiso de convocar la consulta soberanista el 9 de noviembre, aunque remarcó que debe celebrarse con todas las "garantías democráticas" para que el resultado se "entienda en todas partes". "Votaremos seguro. Otra cosa es en qué condiciones", afirmó Mas en una entrevista en Rac1, tras la multitudinaria movilización con motivo de la Diada, que, a su juicio, puso en evidencia la "unidad y el consenso" en el proceso soberanista.

Mas explicó que las "garantías democráticas" a las que se refiere implican que participen tanto "los del 'sí' como los del 'no'". "Si no hacemos bien la consulta, será como un búmerang que caerá sobre nosotros", alertó el presidente catalán. Mas apeló al consenso, y aseguró que "hará todo lo posible" para que "no se resquebraje la unidad" en Cataluña.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, dijo ayer que el Ministerio Público "actuará en consecuencia" si se celebra el 9 de noviembre la consulta soberanista y ello supone incumplir el mandato que pueda dar el Tribunal Constitucional. En declaraciones a la Cadena SER, Torres-Dulce explicó que la Fiscalía tiene que aplicar el Código Penal "si existe una decisión del Tribunal Constitucional o de cualquier otro en la que se establezcan unas obligaciones a cumplir".

Mientras, la asociación de jueces Francisco de Vitoria cree que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, podría cometer delitos de prevaricación, desobediencia e incluso sedición si decide celebrar la consulta, y advierte de que estos ilícitos llevan aparejadas penas de inhabilitación de hasta 15 años de cárcel.

El conseller de Interior, Ramón Espadaler, afirmó ayer que ni su partido, UDC, ni la federación CiU están "instalados en la desobediencia civil". En una entrevista a RNE, Espadaler se refirió así al llamamiento a la desobediencia civil que hizo el líder de ERC, Oriol Junqueras, en el caso de que el Constitucional impida la consulta soberanista prevista para el 9 de noviembre próximo, y subrayó que ERC y CiU no son "partidos iguales".

Por su parte, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, dijo que, aunque el jueves se vieron en Cataluña unas "imágenes impactantes" de "una amplia movilización" con motivo de la Diada, está "convencido" de que "la mayor parte de los catalanes lo que quieren es convivir, tender puentes y no romper". Sánchez defendió que hay que "mirar con respeto a la movilización" e hizo hincapié en que "lejos del silencio" del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y de las "soflamas" del presidente de la Generalitat, Artur Mas, "se tiene que abrir un espacio de centralidad en la política catalana". El líder socialista pidió a Rajoy y a Mas que se reúnan de inmediato para encontrar una solución.