Torres-Dulce aboga por 'reprimir' a los violentos, pero no coartar el derecho de manifestación

Eduardo Torres-Dulce abordó está importante polémica en los desayunos informativos de Europa Press, defendiendo que no se puede "otorgar carta de naturaleza a la explotación de un legítimo malestar social como un medio para deslegitimar en bloque" la forma de Estado, las Cámaras legislativas o a los propios parlamentarios, con un "frecuente gravísimo quebranto de la convivencia democrática".

También ha dicho que su departamento confiere una especial sensibilidad a la protección del derecho de manifestación y al derecho de libertad expresión, aunque advirtiendo de las "imposibles consecuencias" de utilizar del descontento social como forma de "deslegitimación en bloque de la forma de Estado, las Cámaras o sus titulares".

Y todo porque el Ministerio Público es garante de la estructura constitucional, pero también de los derechos individuales, entre los que se encuentra el de la libertad de expresión: "He hablado de la necesidad de proteger el derecho a la libertad de expresión incluso para las ideas que odiamos o nos odian". Así, el "exceso" del ejercicio de los derechos constitucionales no puede contribuir al "desarme de nuestro Estado institucional y del Estado de Derecho". En todo caso, "el equilibrio del orden jurídico se basa en el principio de proporcionalidad".

En ese sentido, Torres-Dulce se mostró partidario de permitir las manifestaciones y reuniones, pero de "reprimir a todos aquellos que utilizan esos derechos de libertad de expresión o reunión para ir más allá y socavar los cimientos del Estado de Derecho".

Ante la pregunta sobre la propuesta de la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, de limitar el derecho de manifestación, Torres-Dulce respondió que "si es necesario" habría que regularlo administrativamente puesto que ya se recoge en el Código Penal y en la Constitución: "Deben ser respetados y observados por todos los españoles. Quien no guarde los límites está sujeto a la implacable presencia de la constitucionalidad". No obstante, añadió que "restringir excesivamente" complica la convivencia democrática.

Ante el hecho de que algunos manifestantes han acabado ante la Audiencia Nacional, Torres-Dulce ha recordado las diligencias abiertas en torno a los organizadores de la manifestación del 25-S por presuntos delitos contra las altas instituciones del Estado pero, respecto a los participantes, ha afirmando que "no todo el mundo pudiera haber incurrido" en este tipo de delito puesto que los atestados policiales hablan de actitudes de desobediencia, atentado a la autoridad o resistencia.

"Hay ciudadanos que evidenciaron que iban más allá y pretendían intentar llegar al Congreso de los Diputados y esas conductas hay que depurar para decidir si esos ciudadanos pudieran estar incursos en delitos contra las altas instituciones del Estado", ha dicho, por lo que serían investigados por la Audiencia Nacional.