El magistrado estudia adoptar alguna medida contra ella
La mujer de Luis Bárcenas da plantón al juez y no se presenta ante la Audiencia Nacional
miércoles 28 de agosto de 2013, 12:09h
Rosalía Iglesias, esposa del extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas, no ha acudido este miércoles a la Audiencia Nacional a pesar del requerimiento que le había hecho el juzgado de Pablo Ruz para que detallara qué bienes le pueden ser embargados para cubrir la fianza de seis millones de euros que le impuso por responsabilidad civil que pudiera derivarse del procedimiento.
La mujer del antiguo responsable de las finanzas 'populares' fue
citada por el secretario del Juzgado Central de Instrucción número 5 a
las nueve de la mañana de este miércoles aunque su abogada, Dolores
Márquez de Prado, envió el martes un escrito alegando que su cliente no
iba a acudir al tribunal porque la comparecencia resultaba
"innecesaria", según informaron fuentes jurídicas. El escrito de Iglesias, que tiene un plazo de tres días
para presentar un listado de los bienes que tiene a su nombre, será
analizado por el juez Santiago Pedraz, que se encuentra de guardia esta
semana, por si procede adoptar alguna medida.
A las puertas de la Audiencia Nacional se han congregado varios
afectados por las preferentes de Bankia, que han coreado consignas como
'Esa mujer... A Soto del Real también', '¿Dónde está la justicia' y 'Nos
roban el dinero políticos y banqueros'. Iglesias compareció el pasado día 28 de junio ante el juez Ruz
aunque a diferencia de su marido --que ingresó por la tarde en la
prisión de Soto del Real (Madrid)-- quedó en libertad sin medidas
cautelares. Está imputada por un delito contra la Hacienda Pública, otro
como cooperadora necesaria en el blanqueo de capitales del que se acusa
a su marido, falsedad documental y estafa procesal en grado de
tentativa.
Fianza de casi seis millones
El juez impuso esta fianza tras calcular las cuotas presuntamente
defraudadas por la mujer de Bárcenas en concepto de IRPF. La Fiscalía
Anticorrupción solicitó una fianza de 5.975.000 euros mientras que la
Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE) pidió otra de
3.058.984 euros.
La Audiencia Nacional, que también ha ordenado recabar de forma
telemática a través del Punto Neutro Judicial la información
correspondiente a la situación económico-patrimonial, ha iniciado de
esta forma los trámites de embargo de los bienes de Iglesias tras
haberse agotado el plazo de diez días que Ruz concedió para que
depositara la fianza. El juez ya acordó a finales de julio requisar las
propiedades inmobiliarias y cuentas de su marido, al no haber podido
reunir la fianza de 43,2 millones de euros que le había impuesto.
En concreto, el juez Ruz embargó cuentas corrientes de Bárcenas
con un saldo de 700.000 euros y una serie de siguientes propiedades: su
domicilio familiar y una plaza de aparcamiento en la calle Príncipe de
Vergara de Madrid, una vivienda en el barrio de Peñagrande, y el
cincuenta por ciento de un chalet y dos plazas de garaje en el municipio
de Naut Aran (Lérida), cerca de la estación de esquí de Baqueira Beret.
Estas actuaciones fueron ordenadas sin perjuicio de las restantes
medidas de bloqueo sobre el resto de cuentas bancarias de las que
dispone en el extranjero.
Imputada por delito contra Hacienda
En un auto sobre la situación procesal de Rosalía Iglesias, Ruz
concretaba que se encuentra imputada por un delito contra la Hacienda
Pública por el IRPF correspondiente a 2006, en relación con un ingreso
en efectivo de 500.000 euros en una cuenta de Caja Madrid a su nombre,
lo que determinaría una cuota eventualmente defraudada superior a los
222.112,58 euros.
Igualmente, la Fiscalía Anticorrupción atribuye a la esposa de
Bárcenas delitos contra la Hacienda Pública relacionados con el IRPF de
2002 y 2003 por las declaraciones conjuntas que presentó con Bárcenas en
dichos ejercicios y en las que omitió "ingresos y rentas generados en
ese periodo". De esta forma, las cuotas eventualmente defraudadas
ascenderían por el momento, y sin perjuicio de una liquidación
definitiva, a 307.850,86 respecto de 2002 y de 1.179.670,4 en relación
con el año siguiente.
Las tres cantidades suman un total de 1.709.569 euros, por lo que
la multa por el delito de fraude fiscal (el triple de la cuota
defraudada) alcanzaría la cifra de 4.068.785,64 euros. Atendiendo a las
multas previstas por el delito de estafa procesal en grado de tentativa
(18.000 euros), por el delito de falsedad en documento mercantil (36.000
euros) y el delito de blanqueo de capitales (350.000 euros), Ruz impuso
la fianza total de 6 millones de euros.