Ante el rechazo de algunas autonomías, Wert acuerda estudiar los impactos de la reforma educativa

Wert ha hecho esta afirmación al término de la quinta y última reunión sectorial celebrada sobre la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), y que ha concluido con el respaldo de las once comunidades del PP y el rechazo de las del PSOE -Cataluña, Andalucía, Asturias y Canarias- y del País Vasco, que ha pedido una moratoria para seguir estudiando el coste económico.

La Memoria Económica de la Lomce apunta a un coste de implantación de 408 millones de euros durante tres años por el Estado, y cuya implantación sería 23 millones en el primer año, 130 en el segundo y 255 en el tercero; "los efectos económicos en ningún caso se producirían antes de 2016", según Wert.

A las CCAA les correspondería en principio los costes indirectos, que dependerán del incremento del alumnado de FP y, en consecuencia, la reducción del abandono escolar, que ahora se sitúa en el 26,5 %.

La reunión de esta tarde ha coincidido con el final de la "semana de lucha" convocada por el Sindicato de Estudiantes, que ha incluido manifestaciones como las de esta tarde, entre ellas la de Madrid, y en la que alumnos, profesores y padres han marchado en defensa de la enseñanza pública y en contra de la Lomce.