La Policía aplicará con rigor a los indignados el Código Penal y la 'ley Corcuera'

El gobierno de Mariano Rajoy es consciente de que con las medidas de carácter económico y laboral que está adoptando la tensión social está garantizada. Se prevén manifestaciones, no, quizá, como en Grecia, pero sí con cierta tensión y se trata de impedir que éstas vayan a mayores. La posición gubernamental al respecto es de que, para impedir que la calle se 'desate', no se trata de endurecer leyes, sino de ordenar a la policía que cumpla con las disposiciones existentes. Es decir, dejarles actuar en vez de impedirles la actuación como hicieron las dos anteriores delegadas del Gobierno, las socialistas Amparo Valcarce y Dolores Carrión.

No hay orden por escrito; simplemente autorización verbal a que las Unidades de Intervención Policial -1.800 antidisturbios en toda España, 620 sólo en Madrid- apliquen a partir de ahora con todo rigor la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana -la famosa ley de 'patada en la puerta' o 'ley Corcuera'-, y el Código Penal. Son medidas para disuadir a los 'indignados', avisándoles de que se acabaron los tiempos de vino y rosas que en cierta forma se disfrutaron con el PSOE.

El primer ejemplo de la nueva 'doctrina' se tuvo a mediados de enero, cuando la Policía cargó en el Metro de Madrid contra las personas que protestaban contra la subida del precio transporte, carga que se saldó con cuatro detenidos. Ya entonces, la actual delegada del Gobierno, la popular Cristina Cifuentes, dejó clara la nueva política de Interior: "Utilizar la fuerza salvo cuando sea estrictamente necesario, y siempre con el amparo de las disposiciones judiciales", un eufemismo con el que Cifuentes pide a los policías que actúen en las manifestaciones teniendo en cuenta la 'ley de la patada en la puerta' y el Código Penal.

El segundo ejemplo de las nuevas directrices -no escritas, por cierto, sino verbales- se desarrolló el pasado fin de semana, en una manifestación que pretendía llegar al Congreso de los Diputados. La policía actuó en función del Código Penal y detuvo a casi una decena de personas como presuntos autores de delitos que deberán ser resueltos por los tribunales. Y al amparo de la Ley 1/92 (de seguridad ciudadana) procedió a la identificación de casi una sesentena de manifestantes para que la Delegación del Gobierno les aplique la correspondiente acta de sanción.

A estos últimos se les aplica, entre otros, el artículo 26 punto i de la Ley 1/92: "Alterar la seguridad colectiva u originar desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos".

Los 'identificados' por esa alteración, considerada como falta leve, se enfrentan a una multa de 300,52 euros. Las sanciones establecidas en esa ley son de multa de 30.050,62 a 601.012,1 euros, para infracciones muy graves; de 300,52 euros a 30.050,61 euros para infracciones graves y de hasta 300,51 euros para infracciones leves, y compete a Delegados y Subdelegados del Gobierno imponer las sanciones pecuniarias.

La idea que bascula en Interior es que hay que impedir que el movimiento de los indignados pueda resucitar como un movimiento que arrastre masas -como ya hizo- y disuada a los posibles manifestantes-indignados a realizar ningún tipo de acción más allá del simple 'paseo de pancarta' bajo amenaza de afectar seriamente a su bolsillo.

En todo caso, la orden no ha sido dado de forma escrita por la Delegación del Gobierno, sino de forma oral, y los policías piden instrucciones por escrito. "Ahora nos dejan intervenir, pero nos falta el respaldo escrito", asegura a Diariocrítico Alfredo Perdiguero, portavoz del Sindicato Independiente de la Policía Española (SIPE).



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