El fiscal anticorrupción Pedro Horrach
atribuye a Iñaki Urdangarin y a su exsocio en el Instituto Nóos, Diego
Torres, "una actividad delictiva premeditada" dirigida a apropiarse de
fondos públicos mediante los convenios suscritos con los gobiernos de
Baleares y la Comunidad Valenciana.
Horrach sostiene que el duque de Palma y
Torres deben resarcir a las arcas públicas por "la totalidad de los
fondos públicos percibidos por el Instituto Nóos", lo cual asciende a
los
8.189.448 millones de euros que pide para ellos como fianza civil.
Así lo ha planteado el fiscal al juez de Palma que instruye el caso
Nóos,
José Castro, en un escrito de 234 páginas en el que justifica la
petición de fianza en la necesidad de "asegurar las responsabilidades
pecuniarias" que puedan derivarse de los presuntos delitos investigados.
El representante del ministerio público, según ha indicado la
Fiscalía Anticorrupción en un comunicado, solicita también a Castro que
ordene "el embargo de los bienes de estos imputados hasta alcanzar" los
citados 8,18 millones de euros.
Horrach argumenta que el
Instituto Nóos fue creado como asociación sin ánimo de lucro con el
propósito de "dar cobertura" al acceso a fondos públicos eludiendo los
controles que serían aplicables a entidades mercantiles.
Sostiene
que el fin de Nóos era lograr convenios de colaboración con entidades
públicas al amparo de su condición de organización no lucrativa,
"rodearse del prestigio social derivado de las actuaciones altruistas a
las que presuntamente se dedicaba" y "evitar suspicacias por parte de
terceros al financiarse básicamente con fondos procedentes de organismos
públicos".
En cuanto a los gestores públicos de la Comunidad
Valenciana y Baleares que contrataron con
Urdangarin y
Torres para la
organización de los eventos Illes Balears Forum y Valencia Summit, el
fiscal afirma que adoptaron "decisiones administrativas arbitrarias e
injustas" para beneficiar al yerno del rey y a su exsocio.
Incide
en que esos políticos "pactaron de forma verbal con los representantes
del Instituto Nóos la celebración de los congresos denominados Valencia
Summit e Illes Balears Forum al margen de cualquier expediente
administrativo", como demuestra el hecho de que se comenzarán a
desarrollar los proyectos antes de que se firmaran los convenios.
Esto constituye una "vulneración reiterada y flagrante de las
exigencias legales previstas en la Ley de Contratos de la Administración
Pública", subraya Horrach, que detalla en su informe todas las facturas
correspondientes a los eventos investigados.
A partir del
análisis de los costes de esos proyectos, el fiscal plantea como
alternativa a la fianza de 8,18 millones una menor, de 5,9 millones de
euros, correspondiente a los fondos públicos de los que efectivamente se
apropiaron Urdangarin y Torres una vez deducidos los gastos de los
eventos realizados.
Precisamente este es el montante de la
apropiación de dinero de la administración que atribuye a los
exresponsables de Nóos el sindicato Manos Limpias, personado en la causa
como acusación particular, que ha presentado esta mañana ante el juez
Castro un escrito en el que solicita la misma fianza civil que la
Fiscalía Anticorrupción.
Manos Limpias ha requerido al juez que
fije dicha fianza tras sumar las cuantías de nueve contratos firmados
por el Instituto Nóos con las comunidades balear y valenciana que están
siendo investigados, y añadiéndoles una sanción de un tercio del total.
Tras recibir la petición de fianza de la fiscalía, el juez José
Castro ha dictado una providencia en la que da 20 días al duque de Palma
y a su exsocio para que sus abogados presenten alegaciones.
Una
vez estudiados el informe de la Fiscalía Anticorrupción, la petición de
Manos Limpias y las alegaciones de las partes, el juez instructor
decidirá si corresponde la imposición de fianza a Urdangarin y Torres y
en qué cuantía.
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