Primero
se reunieron por separado con sus respectivas direcciones, y luego, cuando la
convocatoria fue aprobada "por unanimidad" para cada una de sus
ejecutivas, los secretarios generales de Comisiones Obreras,
Ignacio Fernández
Toxo, y de UGT,
Cándido Méndez, comparecieron en rueda de prensa conjunta para
informar de la convocatoria de huelga general para el 29 de marzo contra "la
reforma laboral más regresiva en la historia de la democracia en España".
Con un
tono y forma estudiadamente sosegados, Toxo fue categórico: se convoca huelga
general -la primera contra
Rajoy y su gobierno- por la aprobación de "un
decreto ley que no se compadece en absoluto con las necesidad y la realidad de
la economía española", porque "el gobierno, de forma imprudente, ha
jugado a la contraposición de identidades" que "viene a arruinar
varios decenios de diálogo social en nuestro país".
Tanto
Toxo como Méndez confirmaron que "no ha habido negociación de ningún tipo,
ni hay expectativa de que la haya, al menos con las organizaciones sindicales",
y recordaron que con la anterior reforma de Zapatero "hoy tenemos un
millón de personas más en desempleo que en aquel momento".
Ambos
dirigentes valoraron la falta de diálogo de Rajoy de la ministra
Fátima Báñez,
autora del desaguisado, y les respondieron que "las leyes franquistas
fueron acabadas en su día con el Estatuto de los trabajadores", que ha
conocido 52 reformas hasta el momento. "Aquí lo que se produce ues na
regresión total, instalando el despido libre y gratuito", ha dicho Toxo, debilita
las tutelas judiciales, elimina los controles administrativos, coloca las bajas
por enfermedad como causa de despido y puede llevar "a la destrucción
masiva de puestos de trabajo".
Ahora
bien, en un plano de diálogo, Toxo también ha dicho que "la huelga no es
un fin, es un medio para conseguir que el Gobierno se siente a negociar. Había
alternativas".
El
secretario general de UGT, Cándido Méndez, por su parte, ha reconocido que la
convocatoria de huelga "es una decisión difícil, pero intachable desde el
punto de vista democrático y constitucional" y, además, "es una
huelga general justa y necesaria".
Méndez
fue más allá y llegó a afirmar que "no hay precedente en la historia de
los cambios laborales en nuestro país de una decisión tan brutal que nos
introduce en un camino desconocido sin medir las consecuencias y que trae como
consecuencia una modificación negativa del modelo de convivencia laboral en
nuestro país". En definitiva, que "estamos en el camino de una
profunda inflexión social, laboral y de calidad democrática en nuestro
país".
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