El exjuez Baltasar Garzón
deberá pagar 482,26 euros a la procuradora del presunto cabecilla de la red
Gürtel, Francisco Correa, en ejecución de la sentencia del Supremo que le
condenó a 11 años de inhabilitación por intervenir en prisión las
conversaciones de imputados en la trama y sus abogados.
Así lo ha acordado el
Tribunal Supremo en un auto en el que aprueba la tasación de las costas
judiciales, a cuyo pago fue condenado
Baltasar Garzón, y da al juez un plazo de diez
días para ingresar la cantidad establecida en la cuenta de consignaciones de la
Sala de lo Penal del Alto Tribunal, "bajo apercibimiento de apremio".
El pasado 9 de marzo, el
Supremo aclaró, a petición de Garzón, que solo debía abonar las costas
judiciales del abogado de
Francisco Correa, pero no las de su presunto "número
dos",
Pablo Crespo, ni la del letrado
Ignacio Peláez, que fue quien llevó
al juez al banquillo al denunciarle por esas escuchas.
Garzón pidió al Supremo
que aclarara a qué se refería la sentencia que le fue notificada el pasado 9 de
febrero al condenarle "al pago de las costas procesales, incluidas las de
las acusaciones particulares".
En esa aclaración, el
Alto Tribunal matizó que esa obligación se refiere solo a la acusación ejercida
por Correa, que estuvo representado en el juicio por el abogado
José Antonio
Choclán, ya que fue la única que solicitó expresamente la condena de Garzón en
costas.
Según el Supremo, Peláez
hizo esta petición "de forma genérica", mientras que la acusación
ejercida por el exsecretario de organización del PP gallego Pablo Crespo,
representado por el abogado
Pablo Rodríguez Mourullo, "guardó silencio
sobre el particular".
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LEA EL AUTO DE LA SALA DE LO PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO
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