Los españoles, sin otro derecho constitucional: el PP impone la 'justicia para ricos'

Para Concepción Trabado, abogada y socia del bufete SF Abogados, con despacho en Madrid, Oviedo y Barcelona, no hay duda: el Gobierno de Rajoy "pretende cobrar un derecho constitucional como si se tratase de un servicio de lujo".

En un completo artículo analítico sobre la ley de tasas publicado en Diariocrítico, Trabado afirma que "cuando el ejecutivo impone una tasa para acceder a la jurisdicción, impide ese control judicial y ciudadano de sus actos", y añade que "también impide la defensa de los derechos e intereses particulares de los ciudadanos, alegándose ahora la excesiva litigiosidad de nuestro país, cuando lo cierto es que el número de procesos judiciales está íntimamente relacionado con la pésima calidad de las normas jurídicas que deben ser interpretadas, así como con la falta de criterios uniformes en su aplicación".

Este miércoles se ha publicado en el BOE la más que polémica Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. A partir de ahora entra en vigor el 'tasazo' judicial de Ruiz-Gallardón, por el que apelar costará 800 euros e ir al Supremo 1.200, y por el que un trabajador despedido deberá pagar unos 500 euros para ir a Magistratura.

El Consejo General del Poder Judicial ya elevó en su día un informe demoledor contra la ley del ministro Ruiiz-Gallardón, informe que el Ministerio de Justicia y el Gobierno de Mariano Rajoy se pasaron por el arco del triunfo. Expertos jurídicos van ahora en la misma dirección y el PSOE ha anunciado una recurso ante el Constitucional por la peor 'gallardonada' de todas las que ha hecho el antiguo alcalde de Madrid.

"Tampoco puede justificarse la imposición de una tasa por recurso, como viene pronunciándose parte del poder judicial, en el sentido de que para tener derecho a una segunda opinión hay que pagar, y más aún cuando el porcentaje de sentencias revocadas en todos los órdenes jurisdiccionales es altísimo, y sin embargo el Juzgador de Instancia no recibe ningún tipo de advertencia para el futuro, por mor de su independencia también constitucional", opina la jurista Concepción Trabado.

En este sentido, noo podemos olvidar que el art. 119 de la Constitución establece que "la justicia será gratuita" y, siendo la Administración de Justicia el tercer pilar del Estado de Derecho y el único que garantiza el control de la administración y del poder político, se restrinja ahora el derecho fundamental a acudir a los Juzgados y Tribunales imponiendo a los ciudadanos el pago de un "impuesto judicial".

Trabado lo tiene claro: no hablamos de pequeñas cantidades, sino de un coste de tasas por proceso judicial, con apelación mínimo de 1.000 euros. Puede entenderse que estamos hablado de pequeñas cantidades, 25 ?, 30 ?, 50 ?, pero no es así, ya que esta Ley impone el pago de este depósito para el recurso de cualquier tipo de resolución, y no sólo frente a las Sentencias, por lo que es más que probable que puedan interponerse del orden de tres o más recursos en la tramitación en primera instancia de un proceso judicial.

Gallardón ha conseguido lo que parecía imposible en un Estado de Derecho: que únicamente podrá acudir al juzgado quien tenga recursos económicos suficientes. "La paradoja de esta situación es que nos veremos obligados a pagar por obtener no ya un servicio, sino un derecho absolutamente fundamental, que funciona mal y que apenas consigue el aprobado de los ciudadanos".


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