Jueces, fiscales y abogados se unen contra Gallardón, con quien no quieren ni sentarse a negociar

Así, la comisión interasociativa de jueces y fiscales, y la Abogacía española se reúne este martes para celebrar un acto público en defensa de la Administración de Justicia y contra las reformas promovidas en este ámbito por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón.

El acto se celebrará como un paso previo a las concentraciones a las que han sido llamados jueces y fiscales ante todas las sedes judiciales durante la hora de paro convocada en los juzgados y tribunales para este mediodía.

Durante el acto público, miembros del Consejo General de la Abogacía Española y de la comisión interasociativa -que integran la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional Independiente de Fiscales- leerán un manifiesto en defensa de la Administración de Justicia.

Los portavoces de esta comisión explicarán además sus líneas de actuación para los próximos meses de no revisarse las reformas emprendidas en materia de Justicia como la ley de tasas o la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en lo referido a sustituciones y permisos de los jueces, o la que afectará al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Entre esas líneas de actuación, la comisión interasociativa ya adelantó el pasado 28 de noviembre su intención de convocar una huelga en enero si se aprueba la reforma prevista para el CGPJ.

El acto contará además con la participación de organizaciones representativas de los secretarios judiciales, sindicatos y organizaciones de consumidores y usuarios.

El Consejo General de la Abogacía Española, los sindicatos UGT, CCOO, USO, STAJ y CSI-F y el Consejo de Consumidores y Usuarios (que integra a once de estas organizaciones con implantación nacional) presentaron el pasado miércoles la Plataforma Justicia Para Todos para denunciar que las reformas de Gallardón suponen un ataque contra los derechos fundamentales recogidos en la Constitución.