El caro entramado de los Consejos Consultivos autonómicos: otro caso de despilfarro de dinero público

¿Se pueden imaginar un sueldo, de inicio, de 8.500 euros al mes por ser miembro de un Consejo Consultivo, sin apenas trabajo y pagado por dinero público? Pues existe, y es lo que ganará Ruiz-Gallardón, ex ministro de Justicia, ex presidente de la Comunidad de Madrid y ex alcalde de la capital. Coronará su carrera política como consejero a lo grande, ganándose el mejor retiro posible.

La realidad destapada por el caso de Gallardón es realmente insultante. Estos organismos autonómicos se configuran como verdaderos 'cementerios' de dinosaurios políticos. Algo que ha sucedido últimamente con los consejos de administración de las grandes empresas del país, que incorporan como consejeros a ex políticos como Aznar, González y tantos otros. Sin embargo, pese a lo controvertido del asunto, no dejan de ser compañías privadas que pueden elegir en qué gastar e invertir su dinero.

Otro caso es el de estos Consejos Consultivos. El de Madrid tiene en su elenco de consejeros permanentes a otros ex, como el ex presidente autonómico Joaquín Leguina, precisamente el antecesor de Gallardón. Preside el organismo Ignacio Astarloa, ex secretario de Estado de Seguridad en el Ministerio del Interior y ex diputado nacional. En el caso de los dos ex presidentes autonómicos, Leguina y Gallardón, tienen derecho a ser miembros permanentes por la normativa con la que se configura esta entidad, y otros son de elección parlamentaria, llamados "Consejeros Electivos".

En realidad este tipo de consejos son copias autonómicas del órgano estatal llamado Consejo de Estado, donde también son miembros permanentes por derecho los ex presidentes de Gobierno, llamados aquí "Consejeros natos". Pero, a diferencia de los autonómicos, su existencia está contemplada en el artículo 107 de la Constitución, y definido en ella como "supremo órgano consultivo del Gobierno de España".

Eso sí, todos los consejos regionales se salvarguardan en el máximo órgano judicial del Estado. El Tribunal Constitucional, en Sentencia 204/1992, manifestó que "la función constitucional de los órganos consultivos no se agota con velar por la legalidad, sino que también garantiza la corrección de los procedimientos administrativos y la defensa de los derechos e intereses de los que son parte en los mismos".


Consejo Consultivo de Madrid

Este organismo explica: "La ley constitutiva del Consejo regula las condiciones para poder ser miembro del Consejo, la duración de su mandato y su carácter inamovible, salvo por causas preceptuadas por las normas. El personal técnico a su servicio ha de tener la condición de funcionario público y, en el caso de los letrados, pertenecer a alguno de los cuerpos de más acreditada formación jurídica". Las leyes que lo regulan se crearon entre 2007 y 2008.

El Consejo Consultivo de Madrid, como tantos otros que existe en el Estado, representan la opulencia de lo público que tanto denuncian colectivos de indignados y otros partidos, como Izquierda Unida, que recientemente exigió la disolución del mismo, ya que no se trata de un órgano originario de la creación de las autonomías, sino posteriormente impulsado para dar apoyo legal y consultivo a los gobiernos de la región.

Hablando de costes, el coordinador general de IU de Madrid, Eddy Sánchez, recordó que el Consejo "es un organismo que carece de función social, cuyo gasto anual supera los 4 millones euros". En concreto, en los Prepuestos de la CAM de 2014 figuran, a secas, 4 millones (consultar).

Dicho órgano, según se puede consultar en la Ley 6/2007, de 21 diciembre, se define así: "El Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid es el superior órgano consultivo del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Madrid, así como de sus organismos autónomos y entidades de derecho público dependientes de la misma / El Consejo Consultivo ejerce sus funciones con autonomía orgánica y funcional con el fin de garantizar su objetividad e independencia".

La incorporación de Gallardón no ha sido una decisión o una medida urgente. Está contemplada en el artículo 7 de dicha ley: "Son Consejeros permanentes los ex Presidentes de la Comunidad de Madrid. Quienes ostenten tal condición podrán solicitar su incorporación al Consejo Consultivo en cualquier momento, previa declaración de no estar incursos en causa de incompatibilidad".

También deja claro que "el cargo de Consejero permanente tiene carácter vitalicio". Dicho de otra manera, los ex presidentes autonómicos se blindan de por vida a razón de 8.500 euros mensuales, superiores por ejemplo al suelo del presidente del Gobierno de la nación. Precisamente este martes se publicaba que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2015 contemplan un salario para Mariano Rajoy de 6.515 euros.

El resto de consejeros, los no permanentes, son elegidos de la siguiente manera: "Los Consejeros electivos, en número no inferior a 6 ni superior a 10, son nombrados por Decreto del
Consejo de Gobierno por un período de 6 años, pudiendo ser reelegidos por una única vez. Los Consejeros electivos habrán de ser juristas con 15 años de experiencia, o personas que hayan desempeñado alguno de los siguientes cargos".

Por último, su sueldo se explica a partir del artículo 11, que reza: "Los Consejeros tendrán las retribuciones previstas para los Consejeros de la Comunidad de Madrid", de ahí que se conozca lo que ganan en el Consejo, ya que los miembros del gobierno regional reciben el salario aprobado por los presupuestos autonómicos.


Otros consejos autonómicos

El resto de autonomías presentan Consejos Consultivos de la misma índole. El de Extremadura se creó en 2001 y al ser previo al de Madrid, o se puede entender que tiene el mismo formato: un presidente y consejeros permanentes y electivos. Los permanentes son también los ex presidentes regionales. Algo anterior es el de Castilla-La Mancha, creado en 1995, con el mismo funcionamiento, siendo elegidos los consejeros electivos por decreto del presidente autonómico.

Otros consejos son el de Canarias (creado en 2002), Andalucía (1993), Navarra (1999)... No todos funcionan con el blindaje para ex presidentes. Por ejemplo este último, el navarro, sólo contempla el de consejeros de "juristas de reconocido prestigio", elegidos entre el Parlamento regional y gobierno regional.

Como anotación curiosa, en el de la Comunidad Valencia, creado en 1996, el único de los ex presidentes de la Generalitat que ha solicitado su incorporación ha sido el dimisionario Francisco Camps, quien fue imputado por el 'caso Gürtel'.