La Fiscalía Anticorrupción extenderá la fianza de responsabilidad civil
de 8,2 millones de euros, que prevé solicitar este miércoles ante el
juez instructor del caso Nóos, al conglomerado de empresas de las que
tanto el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, como su exsocio Diego Torres
eran propietarios y administradores, y a través de las cuales se
hicieron presuntamente con los fondos públicos y privados que obtuvieron
de Administraciones públicas y de entidades privadas.
Así lo han precisado fuentes de la investigación que
han concretado que se trata de Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon
S.L. -de la que la Infanta es copropietaria al 50 por ciento-, Virtual
Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center
For Stakeholder Management, empresas que centran el foco de atención de
la causa junto al propio Instituto Nóos, que entre 2004 y 2007 recibió
del Govern balear y la Comunidad Valenciana un total de 5,8 millones
mientras que de entidades privadas percibió hasta 4,4 millones de euros.
Sin embargo,
ni Urdangarin ni Torres serán los únicos para quienes
el Ministerio contempla solicitar fianza, puesto que será más adelante
cuando, previsiblemente, reclamen una nueva caución para otros imputados
de la causa, a razón de su intervención en este entramado societario,
tal y como han apostillado las mismas fuentes.
En concreto, la fianza que este miércoles el fiscal Pedro Horrach
solicitará al juez, junto al resto de acusaciones del caso, estará
basada en los distintos convenios rubricados por Nóos con las distintas
entidades públicas, como los 1,2 millones de euros del convenio de
colaboración con la Fundación Illesport para el primer Illes Balears
Forum, celebrado en el año 2005, y los 1,085 millones por el segundo,
correspondiente a 2006.
La caución también tendrá en cuenta los fondos obtenidos de la
Generalitat Valenciana por las tres ediciones del evento Valencia
Summit; los ingresados por Nóos de cara a la celebración de los Juegos
Europeos que finalmente nunca llegaron a celebrarse y otros convenios
como el relativo al patrocinio del equipo ciclista Illes Balears.
Las acusaciones apuntan a que, para hacerse con los fondos
percibidos por el Instituto, tanto Urdangarin como su exsocio fijaban
precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaban a
la Administración y posteriormente simulaban trabajos ficticios a
mercantiles del entramado societario de Nóos. Cantidades que acababan
presuntamente así en manos de empresas controladas por los dos
imputados.
Vea también:- El fiscal aprieta las 'tuercas' a Urdangarín y su socio: les pedirá una fianza de 8,2 millones-
La Audiencia de Palma no imputará a la infanta Cristina por el caso Noós-
Otro disgusto para la Corona: una empleada del hogar declara que los Duques querían pagarle en negro-
El juez Castro rechaza dejar el 'caso Urdangarín' y tomar declaración a Camps y Pons
Si (
No(
