Contundente Auto el hecho público este miércoles
por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, por el que se paraliza la privatización de los
hospitales madrileños. La justicia le ha dado al Gobierno del PP de Madrid el
mayor varapalo político que recuerda la historia reciente, dando la razón a la
Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM).
En un Auto de 24 folios al que Diariocrítico ha
tenido acceso, la Sección Tercera accede a la medida cautelar solicitada por AFEM
y suspende la Resolución de 30 de abril de 2013 de la Viceconsejería de
Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid que
convocaba concurso para el contrato de servicios denominado "Gestión por
concesión del servicio público de la atención sanitaria especializada
correspondiente a los hospitales universitarios "Infanta Sofía", "Infanta
Leonor", "Infanta Cristina, del Henares del Sureste y del Tajo".
La suspensión afecta, por tanto, a los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas por los que
se habría de regir la licitación y la posterior ejecución de los contratos. Es
decir, que se paraliza todo el proceso de privatización de la Sanidad madrileña
diseñado por el consejero
Javier Fernández-Lasquetty por orden del presidente
autónomo,
Ignacio González.
Igualmente, la sala acuerda desestimar la
pretensión de suspensión del presente recurso contencioso administrativo hasta
que finalicen las actuaciones jurisdiccionales penales que se siguen en el
Juzgado de Instrucción nº 4 de Madrid (diligencias previas 2052/2013) y del
recurso de inconstitucionalidad nº 1884/2013 tramitado por el Tribunal
Constitucional.
El varapalo judicial es, por lo tanto, absoluto,
porque lo que en síntesis el TSJM le está diciendo a la Comunidad de Madrid es
que los pliegos que aprobó para la privatización de la sanidad madrileña no se
ajustan a la legalidad, y le suspende el procedimiento en tanto y cuanto no
haya sentencia firme, dado que, debido al tiempo que puede pasar hasta que
finalice el proceso judicial, si la privatización siguiera adelante se podría
producir una situación de daño irreversible en la sanidad madrileña.
A partir de ahora, a la Comunidad de Madrid no le
queda más remedio que establecer nuevos pliegos e iniciar nuevamente el
proceso, o bien esperar a que haya sentencia firme, pero aceptando las medidas
cautelares impuestas y acudiendo a juicio.
En síntesis, la historia de este proceso es como
sigue: el Partido Socialista de Madrid (PSM) pidió en su día la suspensión
judicial de la privatización. Recayó en la Sección Tercera del TSJM que no entró
en el fondo de la cuestión y dijo que el PSM no era una figura legítima para
pedir esa suspensión.
Sin embargo, también solicitó lo propio la AFEM,
cuyo escrito recayó en el juzgado de lo contencioso número 9, el cual se
inhibió en el TSJM. En el reparto, el escrito de la AFEM recayó en la Sala
Tercera, que ahora, al considerar legítima a la AFEM, entra en el fondo de la
cuestión y estima la petición de medidas cautelares.
>> Pueden leer de forma íntegra el Auto del TSJM
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