Freire sostiene que privatizar hubiera salido más caro: exactamente 98,5 millones de euros más al año durante 10 años (en total unos 1.000 millones), a los que hay que añadir el pago 111.2 millones/año del canon a las constructoras, incluido en los presupuestos de estos hospitales. Por tanto, la paralización de la privatización nos va a suponer un ahorro de 209,7 millones al año, lo que a lo largo de diez años supone un ahorro de 2.097,5 millones de euros de las arcas públicas.
Asimismo añade que en esta cantidad no está incluido que, por la "trampa contable" de la 'financiación intercentros', se adelantarían a las empresas concesionarias unos 225 millones de euros por unos servicios que iban a seguir prestando los hospitales públicos...y cuya liquidación se haría un año después. Para Freire esto no es lógico, es sólo un excelente negocio financiero adicional para las concesionarias, pero refleja que el Gobierno de
Ignacio González no gobierna para todos.
El plan del Gobierno de la Comunidad de Madrid, ahora paralizado por la Justicia, se remonta al 31 de octubre de 2012, cuando sólo había transcurrido un mes de la dimisión de
Esperanza Aguirre, e Ignacio González, al presentar los presupuestos de 2013, anunció la privatización de 6 hospitales: Sureste-Arganda, Henares-Coslada, Tajo-Aranjuez, Sur-Parla, Norte-SS de los Reyes y Vallecas).
A partir de entonces se produjo la contestación política y social en varios frentes ante la trascendencia de la privatización como reflejan estos datos: el presupuesto conjunto de los 6 hospitales es de unos 400.000.000 €/año, atienden a 1,2 millones de habitantes (18% de la población de la Comunidad), emplean a unas 5.400 personas y el precio total del contrato a 10 años es superior a los 4.600 millones de euros.
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