"Si
no hay amenazas, coacciones, insultos y [los escraches] se limitan a informar o
exponer un hecho, con la legalidad vigente, ningún ministro, secretario de
Estado, director general o mando policial puede ordenar ninguna actuación salvo
que lo haga expresamente para cada caso concreto y asuma las consecuencias de
la misma". Es la respuesta contundente que el Sindicato Unificado de
Policía (SUP) ha dado a la última orden de Interior de actuar contundentemente
contra los escraches.
En
línea con lo dicho en otras ocasiones, el principal sindicato de la Policía lo
tiene clarísimo: "Sólo la autoridad judicial es competente para establecer
zonas de alejamiento o impedir la libre circulación de personas por las vías de
un país democrático, y España lo es. Las noticias de hoy, que pretenden
establecer círculos vedados a la ciudadanía a su derecho de circulación, son
inaceptables y una injerencia política en los derechos civiles ya
suficientemente pisoteados. Referirse a la inviolabilidad del domicilio a 300
m. de distancia es ignorancia dolosa".
Por
orden del Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía,
Eugenio Pino, la
oficina de comunicación interna ha difundido este miércoles a todas comisarías
una "Comunicación urgente" en la que se dice textualmente lo
siguiente:
"Siguiendo
instrucciones del Director Adjunto Operativo, NO se permitirán concentraciones
(escraches) a menos de TRESCIENTOS (300) metros de los domicilios de
autoridades y personalidades políticas en el ámbito competencial del Cuerpo
Nacional de Policía, y en todo caso, se procederá de acuerdo con las
instrucciones emitidas sobre este asunto con anterioridad. DE OBLIGADO
CUMPLIMIENTO LA CONFIRMACION DE LA RECEPCION DE ESTE CORREO A ESTA MISAM,
DIRECCION POR ESTE MISMO MEDIO. Para su difusión a TODAS las plantillas".
Contundente
respuesta policialEsa
comunicación, que fue primero refrendada por el secretario de Estado de
Seguridad,
Francisco Martínez, y luego 'matizada por el ministro del Interior,
Jorge Fernández Díaz, en un curioso juego de afirmaciones y desmentidos, ha
recibido una contundente respuesta por parte del Sindicato Unificado de
Policía.
El SUP
afirma que nuevamente Interior, "poniendo en evidencia el caos imperante
en el mismo" vuelve a "crear confusión entre la ciudadanía y los
policías con sus anuncios mediáticos de adopción de medidas manifiestamente
ilegales, que solo en la desorganización imperante son explicables".
Seguidamente,
el SUP dice que es contrario a que se lleven a cabo cualquier tipo de acto
reivindicativo, de protesta o informativo en el domicilio particular de nadie:
"Nuestros políticos, por muy malos que sean (que lo son) han sido elegidos
por los ciudadanos, luego no cabe comparación con lo acontecido el otros países
donde se 'visita' a los dictadores o colaboradores de dictadura, y menos aún
con el fascismo 'señalando a los judíos', porque estos eran los que usaban la
estructura del Estado para acosar a la ciudadanía y en el caso que nos ocupa es
justamente en sentido contrario, de la ciudadanía a los responsables políticos".
Fijada
la posición inicial añade que las leyes en vigor en este país, de obligado
cumplimiento para todos, "no pueden ser ignoradas para impartir
instrucciones que puedan conducir a actuaciones ilegales, como detenciones sin
cobertura legal, que, además del bien jurídico lesionado, suponen un grave
riesgo para la seguridad jurídica de los policías. Y eso es lo que han hecho
desde el Ministerio del Interior con las dos últimas notas difundidas".
La competencia es exclusiva de los juecesDice
luego que con la legalidad en la mano, se puede identificar siempre que se
reúnan más de 20 personas sin comunicación previa, "si bien el requisito
lógico es que dicho acto suponga una alteración del orden público, la seguridad
ciudadana o lesiones derechos de terceros y no es razonable una actuación sin
que se den estos supuestos".
Añaden
en el SUP que si contra alguna persona, sea político o no, se dirigen insultos,
amenazas, coacciones, u otro tipo de violencia verbal o física, "la
Policía está obligada a intervenir, y corresponde a los actuantes, que son los
que responderán de su actuación ante la autoridad judicial, decidir el grado de
intervención que requiere la situación".
Ahora
bien, "si no hay amenazas, coacciones, insultos y se limitan a informar o
exponer un hecho, con la legalidad vigente, ningún ministro, secretario de
Estado, director general o mando policial puede ordenar ninguna actuación salvo
que lo haga expresamente para cada caso concreto y asuma las consecuencias de
la misma".
Finalmente,
el SUP afirma que "sólo la autoridad judicial es competente para
establecer zonas de alejamiento o impedir la libre circulación de personas por
las vías de un país democrático, y España lo es. Las noticias de hoy que pretender
establecer círculos vedados a la ciudadanía a su derecho de circulación son
inaceptables y una injerencia política en los derechos civiles ya
suficientemente pisoteados. Referirse a la inviolabilidad del domicilio a 300
m. de distancia es ignorancia dolosa".
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