La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) ha analizado la operación de compra del ático del presidente de la Comunidad de Madrid,
Ignacio González, y advierte indicios de blanqueo de capitales, según el diario 'El Mundo', que detalla que en un informe presentado ante la juez el 18 de junio de 2012, se subraya que "se aprecian algunos aspectos que inducen a pensar que en la operación de compraventa pudiera estar tratándose de ocultar la identidad de las personas que adquirieron el inmueble, así como el origen de los fondos utilizados".
En dicho informe también se apunta que el testaferro
Rudy Valen cerró la operación con una sociedad radicada en Delaware en la que "es únicamente el Gerente"; que no la inscribió en el registro; y que pagó con dinero de procedencia desconocida desde el extranjero. Este rotativo recuerda que el fiscal general instó a Anticorrupción a intervenir 5 meses después.
Por otra parte, 'ABC' le echa una mano al presidente de Madrid y habla de "contradicciones en la investigación sobre el ático", basándose en las palabras de
Enrique García Castaño, uno de los dos comisarios que se reunieron con González el 29 de noviembre de 2011 en una cafetería madrileña para tratar sobre su ático de Estepona, en este momento alquilado. Según este agente, "le solicité el encuentro porque me lo pidió
Villarejo -el otro comisario asistente a la cita- para hacerle algunas preguntas sobre el ático que tenía alquilado y cuya compra estaba investigando la UDEF". En otro momento, García Castaño califica de "falsas" algunas afirmaciones de Ignacio González durante una rueda de Prensa: "El señor Villarejo me informó de que había actuaciones policiales en relación al ático y que si le facilitaba el precio del alquiler podría evitar que estas actuaciones vieran la luz".
Por otro lado, según recoge 'El País', el presidente madrileño criticó ayer a ese rotativo y realizó una defensa de las retribuciones a jueces, a magistrados y secretarios judiciales a través de la firma tecnológica Indra, por su asesoramiento en la plataforma Ius Madrid, cuyo fin aparente es mejorar el funcionamiento telemático de la justicia. Posteriormente, en el pleno de la Asamblea de Madrid, el portavoz del PSM,
José Manuel Franco, dijo que pagar ciertos trabajos extras de la judicatura de Madrid, con independencia "de que sea legal o no, ética y estéticamente es imprescindible".
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